La propuesta de ley endurece las puertas giratorias. Así, impide que los cargos, asesores y altos funcionarios afectados por el régimen de incompatibilidades, durante los cinco años siguientes a su cese «ofrezcan sus servicios ni ejerzcan cualquier otro papel mediador, remunerado o no, que pudiera provocar un conflicto de intereses con la función ejercida». Se ha acabado el entrar en consejos de administración relacionados con el cargo ejercido. Ni podrán contratar con esas empresas. Las declaraciones de bienes, derechos y obligaciones patrimoniales, valores y activos financieros que deberán presentar los cargos públicos, desde dos años antes de la toma de posesión hasta los cinco siguientes al cese, incluyen también a sus cónyuges o parejas, e hijos así como cualquier persona con la que convivan. También habrán de informar sobre las empresas en las que tengan intereses no solo ellos sino también su entorno familiar. j. r. /r. m. valencia
