Es una oportunidad laboral que no puede dejarse escapar. Así ven los sindicatos la catarata de jubilaciones públicas en ciernes: más de 15.000 en la Generalitat, las diputaciones y los ayuntamientos valencianos para los próximos cuatro años, según los datos oficiales y las extrapolaciones publicadas el domingo por este periódico.
Daniel Matoses, presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI·F), afirma que «no sobran funcionarios; en el peor de los casos, hay ocasiones en que están mal distribuidos». Y pone como ejemplo los departamentos de Urbanismo, Obras Públicas o licencias urbanísticas. «Seguro que ahora harán más falta esos trabajadores en la atención a los desempleados o en los servicios sociales», explica Matoses.
Por eso, el responsable del CSI·F reclama que se aproveche este momento de transición laboral para hacer un estudio riguroso de las necesidades de la Administración con la finalidad de adaptarse a ellas. También pide que, a raíz de las jubilaciones, ningún servicio público quede sin recursos humanos suficientes para ser prestado con garantías. Desde 2004, insiste el sindicato, apenas ha existido oferta pública de empleo. Resultado: «No se ha rejuvenecido la Administración y han ido aumentando las carencias en la atención en los servicios públicos».
Desde la Federación de Servicios Públicos de UGT (FSP-UGT), su secretario general, Luis Lozano, insta a que las administraciones «recuperen no sólo las plazas de los funcionarios que se jubilan, sino también todo el empleo perdido durante todos estos años en los que no se han convocado plazas». «No nos hemos de conformar tan sólo con suplir las jubilaciones», recalca. Si no se convocan plazas, augura el responsable de UGT, «será un desastre para los servicios de muchas administraciones».
La tasa de reposición de los funcionarios subirá del 10% al 50% el próximo año, después de severas restricciones entre 2010 y 2015. En servicios esenciales como Sanidad, Educación, fuerzas de seguridad o lucha contra el fraude será del 100%.
