La exconcesionaria de la planta Castor (Escal UGS) restó valor al informe del Observatorio del Ebro, que advertía de la posible aparición de terremotos si se inyectaba gas en el almacén submarino, porque la documentación que disponía entonces indicaba que el riesgo en la zona de Castelló era «de un 0,04 %».
La empresa, controlada al 66 % por el grupo de Florentino Pérez, respondió de esta forma a la alegación que presentó el Observatorio del Ebro, según explicó ayer en su declaración ante el juez de Vinaròs Manuel Escanilla, consejero técnico de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental que participó en la redacción de la declaración de impacto ambiental que aprobó la Secretaria de Estado de Cambio Climático en 2009. Escanilla inició ayer una segunda fase de interrogatorios a diez responsables del Ministerio de Industria y Medio Ambiente y de la adjudicataria.
El magistrado, a instancias de una denuncia de la fiscalía de Castelló, dirime si se produjeron presuntas irregularidades en la tramitación al obviarse un estudio del riesgo sísmico en el entorno de Castor -la inyección de gas causó cerca de 500 terremotos en los meses de septiembre y octubre de 2013 y obligó al Gobierno a paralizar el almacén y a indemnizar a Escal con un total de 1.350 millones de euros-.
Según explicó el abogado de la acusación particular -Asociación Nacional de Arca Ibérica-, el técnico de Medio Ambiente sostuvo que las alegaciones enviadas durante el proceso de información pública fueron remitidas a la propia empresa para que las respondiera. Y respecto a las indicaciones del Observatorio del Ebro, un instituto de investigación en el que colaboran la Universitat Ramon Llull o Consejo Superior de Investigaciones Científicas, entre otras entidades, la concesionaria señaló que «no se aprecia razones para incluir en su estudio de impacto ambiental un informe de frecuencia de actividad sísmica, dado que de acuerdo con la norma de construcción sismorresistente, las instalaciones tanto terrestres como marinas del almacén subterráneo de Castor, se ubican dentro de la zona de la península en la que la aceleración sísmica básica presenta un valor inferior a los 0,04 %».
No obstante, añadió Escanilla, la empresa firmó un convenio de colaboración con el Observatorio y se comprometió a aplicar sensores sísmicos en la zona.
La dirección general de Calidad Ambiental dio por buenas las conclusiones de Escal UGS y no consideró necesario solicitar informes complementarios a otros organismos implicados, según Escanilla, que subrayó que su dirección general no era la competente para investigar los factores de sismicidad. Según Arca Ibérica, de esta forma apuntó que esta función correspondía al Instituto Geológico y Minero Español, cuyos responsables señalaron en sus declaraciones ante el juez que no lo midieron porque el Ministerio de Industria no lo requirió y porque pensaban que en la zona de Vinaròs no había peligro de terremotos.
