En Benicarló lo tienen claro. El campanario es de titularidad municipal, más concretamente, «del pueblo», y además «de toda la vida», según puntualizaban ayer algunos vecinos. La disputa sobre la titularidad de la torre, que según anunció el jueves la alcaldesa Xaro Miralles acabará en los tribunales, estaba ayer en boca de todos los benicarlandos que, además, tenían una opinión unánime: la torre es municipal. De hecho, ayer era difícil encontrar a alguien que opinara que debía contemplarse el conjunto monumental, la iglesia y la torre en una sola pieza como ha hecho el Obispado de Tortosa al inscribir en el registro catastral el conjunto como patrimonio eclesial.
Alguno de los argumentos más utilizados se remite a la documentación histórica que obra en manos del ayuntamiento y que acredita la pertenencia municipal de la torre campanario. Otro de los argumentos de peso -y que para muchos inclina definitivamente la balanza en favor del consistorio-, lo ofrece la propia iglesia, al dejar fuera de la restauración la torre durante las obras de la Luz de la Imágenes aludiendo a que era de propiedad municipal. Pero el razonamiento de peso puede que pase por la economía, ya que el consistorio ha sufragado todos los gastos que conlleva el mantenimiento del campanario, e incluso, había destinado 75 000 euros, una cantidad para la primera fase de su restauración.
Las redes sociales se inundaban el jueves por la noche de comentarios al respecto. Desde ciudadanos hasta políticos de diferentes partidos han alzado la voz para recordar la titularidad municipal de la torre y mostrar su apoyo a las medidas emprendidas por el equipo de gobierno.
Ahora deberá ser un juez el que determine si el obispado o el ayuntamiento deben hacerse cargo de la titularidad de la torre, una titularidad que no hay que olvidar que conlleva unos gastos a los que, si se suman los de la reforma, pueden ascender a una elevada cantidad que debería sufragar la Iglesia. Se da la circunstancia de que en los archivos municipales consta una pequeña pared que se construyó en 1898 y en contra del criterio de alcalde, ediles y de técnicos de la época porque pensaban que podía crear unos derechos a la Iglesia que no tenía. El habitáculo se construyó a solicitud de la Iglesia con la finalidad de guardar unas maderas, por lo que hizo funciones de almacén que posteriormente acogió un pequeño quiosco.
Más tarde fue derribado durante la legislatura 1987-91, siendo alcalde Vicente Rambla, porque creaba una servidumbre y unos derechos a la Iglesia que no tenía. En aquel entonces la Iglesia no presentó alegación, simplemente indicó que se incorporaran las actuales rejas que protegen el pequeño pasaje que queda entre la torre y el templo.
