El Ayuntamiento de Castelló y la Conselleria de Economía Sostenible buscan cualquier resquicio legal para paralizar el proyecto del nuevo centro comercial previsto en las inmediaciones de la Ciudad del Transporte y, de momento, la única baza que barajan radica en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1984. Ambas administraciones estudian si aquel planeamiento urbanístico -vigente todavía, tras anularse en los tribunales el PGOU de 2000- permitía construir una superficie comercial en ese suelo, es decir, si la zona estaba clasificada como terciaria. Si no contemplaba este uso, se podría rechazar el proyecto.
El director general de Comercio, Natxo Costa, mantuvo ayer una reunión con el vicealcalde de Castelló, Enric Nomdedéu, y la concejala de Impulso de la Actividad Económica, Patricia Puerta, para coordinar la actuación frente a un proyecto heredado del gobierno municipal del PP. Según recalcó el responsable autonómico, el proceso administrativo para construir el centro comercial, denominado Estepark, se inició en 2005 y, ocho años después, cuando aún no se había iniciado el proyecto, el equipo de gobierno pudo decretar la caducidad del expediente y no lo hizo, de manera que la tramitación siguió adelante.
El problema al que se enfrentan ahora es cómo frenar la construcción de una superficie de 165.000 metros cuadrados que contradice la apuesta del bipartito en el ayuntamiento y en la Generalitat por el pequeño comercio. «Si dentro de la ley se puede paralizar el proyecto, se hará», sentenció Costa, quien reconoció que las opciones son escasas. Por un lado, la legislación impide limitar la implantación de un negocio por razones económicas, por lo que aunque suponga un perjuicio para el comercio tradicional prevalece la libre competencia. Sí que se podría alegar contra el proyecto por razones medioambientales o por problemas de acceso, pero no parece factible en este caso, ya que la ubicación es «perfecta», según admitió el director general.
La única vía que podría paralizar a priori la instalación es que el planeamiento urbanístico vigente, el de 1984, no contemple el uso comercial en el suelo afectado. Para ello, el ayuntamiento ha encargado un informe técnico que aclare si la zona anexa a la antigua N-340 era terciaria en aquel PGOU, algo que desde el equipo de gobierno no han sabido precisar. Si no permitía una instalación comercial, las administraciones podrían rechazar su construcción, siempre y cuando la alegación basada en ese planeamiento fuera jurídicamente viable. Según fuentes consultadas por este diario, es posible que la pastilla ya contemplara la implantación de servicios o industrias. Sin embargo, otros expertos urbanistas creen que en aquella época no se previó tales usos. En cualquier caso, las posibilidades legales de frenar el nuevo centro comercial parecen limitadas, a no ser que el promotor del proyecto vulnere alguna normativa. «No dejaremos pasar ni una», advirtió Costa.
