Un juzgado de Valencia ha imputado a 13 directivos de la empresa Eresa que, con 300 empleados, que se encarga de las resonancias magnéticas en de los hospitales de la Comunitat Valencian. El juez acusa a los responsables de la empresa de presuntodelito contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social. Estos directivos y cuatro entidades más vinculadas a la mercantil tendrán que comparecer ante el juez a finales de diciembre, a partir del día 14. Tras esta citación, desde la gerencia de Eresa han afirmado que se trata de una «discrepancia de criterios con Hacienda, que se da con mucha frecuencia en las empresas» y han lamentado que «cero euros de diferencia con el criterio del inspector de la Agencia Tributaria ha derivado en 13 imputados. Esto destruye empresas y en Eresa somos 300 trabajadores», han recordado en declaraciones a Europa Press.

«Estamos hablando de una discrepancia de criterios con Hacienda, que en nuestro caso es de cero euros, como reconoce el propio inspector fiscal en su informe». Es decir, han apuntado que su intencionalidad es «cero» y han destacado su «buena fe empresarial». Por ello, han insistido en que no entienden que «una discrepancia de criterio fiscal deba resolverse por vía penal ni con 13 imputados». Desde Eresa insisten que desde el punto de vista jurídico están «muy tranquilos» y han puntualizado que la Inspección de Hacienda «está obviando los ingresos del conjunto de las empresas vinculadas al Grupo Eresa y, por lo tanto, obviando los impuestos ingresados por la globalidad de esas empresas». «Lo que han tributado todas las empresas vinculadas con Eresa es la misma cantidad que la Inspección indica que debería haber tributado Eresa, así que no existe perjuicio para la Hacienda Pública», han reiterado.

Como reacción a esta acusaciones, Eresa compareció públicamente el pasado mes de septiembre y solicitó a la Conselleria de Sanidad una auditoría «periódica» de la facturación que les presentan por su actividad de desarrollo de pruebas de resonancias magnéticas en la salud pública valenciana con el objetivo de poder demostrar que llevan «una gestión transparencia», según apuntaron.