15 de noviembre de 2015
15.11.2015
Gestión municipal

Ayuntamientos progresistas aplazan recuperar servicios públicos privatizados

Las nuevas coaliciones de gobierno quieren rescatar en esta legislatura algunas contratas públicas

15.11.2015 | 13:01
El servicio de la grúa en Castelló está privatizado.

Los nuevos gobiernos progresistas que han aterrizado en los principales ayuntamientos de la provincia de Castelló han puesto su mira en los servicios públicos privatizados. Ejecutivos de Castelló, Vila-real, Borriana, Nules o Vinaròs planean remunicipalizar algunas de las contratas. Borriana ha sido el primer consistorio que ha asumido la gestión de una guardería municipal. No obstante, la mayoría de ayuntamientos descartan un rescate en 2016 y aplazan esta decisión a los ejercicios siguientes al estar vigentes los contratos firmados por los anteriores ejecutivos.

Las coaliciones de izquierdas quieren que la posible reversión de concesiones no suponga un coste extra a las arcas municipales, con lo que primero esperarán a que finalice su periodo en vigor para evitar el pago de indemnizaciones
PSPV y Compromís, que conforman el ejecutivo de Castelló, pactaron en el programa de gobierno la asunción de aquellos contratos que consideran que serán más eficientes en manos de la Administración pública. El socio del bipartito, CS en Moviment, defiende la recuperación de contratos como la grúa, recaudación y limpieza. El ejecutivo pretende asumir en primer lugar la recaudación, aunque para 2016 renuncia a recuperar servicios privatizados porque dicho año sus contratos continuarán vigentes y no está en condiciones de afrontar un rescate de los mismos, afirmó recientemente el vicealcalde, Enric Nomdedéu. Los planes municipales obvian las grandes contratas, como puede ser el agua, la limpieza y la basura, y su objetivo es la grúa o el citado servicio de la recaudación, siempre a partir de 2017.

CS en Moviment acepta la demora y entiende que primero se ha de realizar un estudio técnico para ver la situación de las contratas. «No hay que tener prisa, hay que ir poco a poco para llegar más lejos», destaca Xavi del Señor, portavoz de la formación.

El servicio de recaudación municipal supone un gasto de 1,4 millones de euros anuales. Se adjudicó en 2013 y el contrato finalizará el próximo año. La concesión de la grúa, por su parte, acabará en 2017 y representa un coste de 81.000 euros al año.

Borriana
En Borriana, el nuevo equipo de gobierno formado por PSOE, Compromís y Se Puede, ya ha llevado a cabo una municipalización de servicios anteriormente concedida a una empresa de carácter privado. La gestión de la guardería pública ya está a cargo de la Administración municipal, después de que diferentes empresas retiraran sus ofertas tras el intento de reducción de costes por parte del consistorio.
Además, la concejalía de Comercio está «estudiando y elaborando una nueva ordenanza municipal que permita la gestión pública del Mercat de la Mar», según confirma la edil Inma Carda. Hasta la suspensión del contrato con la antigua empresa privada Mercaplaya, que ya anunciado que trasladará su mercado dominical a Mascarell.

Por otra parte, el edil de Cultura, Vicent Granel, avanza que «se están llevando a cabo las gestiones para conocer la cifra de deudas que cada una de las partes implicadas en el Museu de la Taronja. A partir de ahí también estudiará un cambio de ordenanza para poder gestionarlo de forma totalmente pública».

Cambio de paradigma
Esta nueva política supone un cambio de paradigma respecto a la gestión de los servicios municipales. En la década de los 90, los ayuntamientos, coincidiendo con la llegada al poder del Partido Popular, apostó por privatizar la mayoría de los servicios públicos. Los populares sostenían que así habría más eficiencia. Sin embargo, las políticas de austeridad impulsadas en los últimos años han reducido la calidad de algunos servicios. Ello se ha producido porque los consistorios han revisado a la baja los contratos.

Los gobiernos de progreso pretenden virar este modelo, pero de momento están atados a los contratos que cerraron sus predecesores populares. Su propósito es ejecutar el retorno a lo largo de estos cuatro años de legislatura. Los partidos ligados a Podemos presionarán para que se materialice este objetivo.

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