La Oficina Anticorrupción diseñada por Podemos se configura como una «entidad de derecho público, con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar», adscrita a las Corts e «independiente» en su actuación, y nacerá, según la previsión del síndic, Antonio Montiel, en el segundo semestre de 2016 con un equipo formado por funcionarios de las propias administraciones —inicialmente, una docena— y una dotación económica para arrancar de 400.000 euros. Montiel dijo confiar en que la Generalitat cede algunas de sus instalaciones a la Agencia. El director, que no podrá estar afiliado a ningún partido, sindicato o asociación, deberá presentar informes semestrales sobre su actuación y una memoria anual, y cuando los hechos lo requieran, dirigirá informes específicos o podrá pedir su comparecencia en las Corts.
