El aeropuerto de Castelló inició ayer una nueva etapa con la incorporación de consejeros y del director general de la sociedad pública Aerocas. Todos ellos afrontan el reto de relanzar la infraestructura para que se convierta en un elemento dinamizador del territorio. Una de las prioridades es la elaboración de un plan para orientar en la misma dirección el aeropuerto y el producto turístico provincial.

La renovación de Aerocas implica una apuesta por la profesionalización y una apertura a la sociedad civil de Castelló. Los políticos pierden peso en el consejo de administración, que da cabida a la universidad y a los empresarios, que tendrán mucho que decir en la estrategia a seguir. Ayer tomó posesión el nuevo director general, el profesor del departamento de Economía de la UJI Joan Serafí Bernat, experto en desarrollo socioeconómico del territorio y que sustituye en el cargo a la abogada Patricia Llopis. También se incorporó como consejero el catedrático de Geografía de la UJI Diego López Olivares, experto en temas turísticos. Además, ha entrado el presidente de la asociación de hoteleros (Ashotur), Carlos Escorihuela, quien se une a Javier Gallego (presidente de la Agrupación de Empresarios Turísticos de Peñíscola) y a María Dolores Guillamón, presidenta de la Cámara de Comercio.

Con estas incorporaciones, el Consell da por cerrado el consejo de administración de Aerocas, presidido por el secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer. Según dijo, el nuevo consejo supone «una declaración de intenciones, ya que se visualiza la apuesta de la Generalitat por un aeropuerto comprometido con el territorio». «A partir de ahora, todo el equipo se pone a trabajar con el objetivo de que sea una infraestructura útil, rentable y capaz de responder a las necesidades del sector turístico», aseveró Colomer.

La remodelación de Aerocas refuerza el papel de la Generalitat en el futuro inmediato del aeropuerto. La sociedad pública tendrá un papel activo y dejará de ser un mero supervisor de la actividad de la concesionaria de la instalación, la multinacional canadiense SNC-Lavalin. La empresa tendrá que dar cuenta de sus planes de negocio y comercialización de la infraestructura, cuya gestión tiene encomendada durante 20 años a cambio de una inyección de capital público de 24,5 millones de euros. Desde Aerocas subrayan que no quieren interferir en la actividad del gestor, sino colaborar para incrementar la actividad del aeropuerto.