María Marcela Lagarde y de los Ríos (Ciudad de México, 1948) es fundadora de varios espacios académicos de investigación y docencia feminista. En la actualidad ejerce como profesora en la Universidad Autónoma de México. Es presidenta de la Red de Investigadoras por la Vida y la Libertad de las Mujeres y fue integrante del Consejo Civil Asesor de la ONU Mujeres, la organización de las Naciones Unidas dedicada a promover la igualdad de género. Entre sus logros, destaca su contribución como diputada en México a la promoción de la Ley General de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia en 2007, así como a la tipificación del delito de feminicidio. Un vasto currículum por el que ayer la Fundación Isonomía le entregó el premio contra la violencia de género en el acto de apertura de un seminario internacional.
¿Por qué una red de investigadoras sobre violencia de género como la que preside?
Es una red de científicas, sociólogas y antropólogas especializadas en violencia machista, la formé al salir de la cámara de diputados para hacer una investigación sobre los feminicidios en México. Con el tiempo se han ido sumando más compañeras de diferentes partes del país y gracias a esta red hemos impulsado 32 leyes locales y la ley general contra la violencia de género. Trabajamos mucho para que se tipificara legalmente el delito de feminicidio.
¿Cuáles son las principales conclusiones que extrajeron de su investigación?
Lo primero que concluímos es que lo que pasaba en México eran feminicidios, es decir, crímenes misóginos contra las mujeres que se daban en el caldo de cultivo de una gran tolerancia a la violencia contra las mujeres y la inoperancia del Estado. Estudiamos también otras formas de violencia de género, como la muerte materna, mujeres desatendidas en el proceso de la gestación, del parto o del aborto. También analizamos los suicidios de mujeres y descubrimos que muchos de ellos se producen en situaciones de riesgo de exclusión, la sociedad no las apoyaba, no les garantizaba un horizonte. Esa investigación sirvió para fundamentar la ley que fue aprobada por unanimidad en 2007.
¿Qué puede decir de la situación de la violencia de género en España?
La legislación de este país es un referente importante en la materia, sobre todo por la protección que ofrece a las víctimas, ha salvado la vida a miles de mujeres de España. Por otra parte, es verdad que aquí, igual que en México, ha habido jueces y juezas que han cometido despropósitos y las mujeres han quedado desamparadas. En toda Latinoamérica estamos reeducando a jueces, fiscales y funcionarios que no tienen esa formación.
Después de modificar las leyes, ¿qué más se puede hacer para luchar contra la violencia de género?
Las mujeres que corren un mayor riesgo de vivir violencia son las más marginadas, las más excluidas, las que viven en situación de desamparo o pobreza, todas esas mujeres tienen que ser detectadas de manera preventiva. Es necesario seguir trabajando en la igualdad y en el empoderamiento de las mujeres. Otro aspecto fundamental es el cumplimiento de la ley de dependencia, que tiene mucho que ver con la situación de las mujeres. Ojalá se cumpliera y se pudiera liberar a las mujeres de los cuidados invisibles y no remunerados que asumen. Todo eso hace falta en España. Ya fuera de Occidente hay una brutal desigualdad, violencia y exclusión que las instituciones internacionales no pueden obviar.
¿Es necesaria una respuesta global a la violencia machista?
Es el momento de hacer políticas globales para garantizar los derechos de mujeres y niñas. Hay una responsabilidad global en el mundo contemporáneo.
