El plan de gratuidad de libros de texto impulsado por la Conselleria de Educación no ha pasado el examen de los órganos de supervisión legal del Ayuntamiento de Castelló. El interventor general y el secretario municipal han emitido sendos informes en los que ponen de manifiesto algunas objeciones al proyecto de la Generalitat.
Por un lado, consideran que llevar adelante la tramitación de las ayudas supone un despliegue de tal magnitud que excede la capacidad del ayuntamiento. Por otra parte, cuestionan que un plan de estas características sea competencia de una administración local. No obstante, a pesar de los reparos, el interventor y el secretario hacen constar en sus informes que «la importancia y la necesidad del proyecto merecen que sea llevado a cabo», según explicó a este diario el concejal de Educación, Enric Porcar.
«Aunque aprecian una serie de aspectos técnicos no del todo correctos, entienden que el ayuntamiento debe sumarse a Xarxa Llibres porque si no lo hace los alumnos no recibirán las ayudas», subrayó el edil. En este sentido, cabe recordar que los 200 euros de prestación total por alumno están cofinanciados a partes iguales por la Generalitat, las diputaciones y los ayuntamientos, por lo que los municipios que se han quedado al margen del plan no recibirán las ayudas para sus alumnos.
El equipo de gobierno actuó basándose en los informes técnicos, emitidos el 18 y el 19 de noviembre, día en que se convocó la junta de gobierno local extraordinaria para formalizar la adhesión del Ayuntamiento de Castelló a Xarxa Llibres. Según la propuesta aprobada, la «subvención se enmarca en una norma reglamentaria, aprobada por la Administración Autonómica de acuerdo con el procedimiento legalmente establecido y dictaminada favorablemente en base al superior criterio del Consejo Jurídico Consultivo de la Comunitat Valenciana».
Subvención
Por otra parte, el ayuntamiento tramitó el plan de ayudas para libros como una subvención «siguiendo el consejo del interventor y el secretario», según Porcar. De este manera, evitó los problemas suscitados en la provincia de Valencia, donde el colectivo de interventores y secretarios de las administraciones locales han advertido de la ilegalidad en que incurren los ayuntamientos que optan por la fórmula de la compra anticipada. Abonar 100 euros a cada alumno antes de que entreguen los libros, es decir, comprar un bien sin haberlo recibido no le está permitido a los ayuntamientos, pero sí conceder subvenciones.
