El número uno al Congreso de los diputados del PSPV-PSOE por Castelló, Artemi Rallo, se comprometió ayer a «impulsar con Pedro Sánchez una política rural integradora, moderna, eficiente, transparente y generadora de riqueza, que es precisamente lo que ahora más necesitamos frente al PP, que ha hecho un ostensible abandono de toda política rural territorial».

Según Rallo, con Rajoy «no ha existido el desarrollo rural como concepto». El balance de sus cuatro años de Gobierno en España «es que gran parte de nuestro territorio y de nuestra población ha caído en un escenario de invisibilidad. Con ello se ha ignorado y despreciado la capacidad y la propia existencia de cerca de diez millones de ciudadanos y ciudadanas», señala Rallo en un comunicado.

Los candidatos socialistas, que han mantenido un encuentro con el secretario autonómico de Agricultura y Desarrollo Rural de la Generalitat Valenciana, Francisco Rodríguez Mulero, han destacado como hoja de ruta a seguir en el conjunto del Estado español las medidas impulsadas desde el Consell de Ximo Puig en cien días de gobierno.

Rallo ha significado que «el PSOE se obliga a desarrollar una política agraria y de desarrollo rural comprometida, con financiación y que consiga atacar las debilidades de nuestro sistema productivo, corrija sus déficit estructurales actuales y apoye decididamente todos nuestros factores de crecimiento».

Entre las propuestas de futuro está, según el comunicado remitido ayer por el PSOE, aumentar el reconocimiento y el prestigio de las actividades del sector primario, favoreciendo que la juventud se incorpore a estos sectores con la misma ilusión que en otros ámbitos y no como factores de fracaso escolar o por falta de capacidad para llevar a cabo otro tipo de actividades. Asimismo, se plantea impulsar la I+D+i en el sector agrario y en la industria agroalimentaria como elemento clave a la hora de consolidar y proyectar hacia el futuro un modelo de desarrollo sostenible, capaz de afrontar los retos de competitividad y respeto ambiental.

Por otro lado, se considera necesaria la adaptación de la Ley de Modernización Agraria, desarrollando un Estatuto de la Agricultura Profesional que establezca beneficios fiscales en relación a la transmisión de explotaciones con el objetivo de una mayor competitividad de las mismas. Asimismo, se plantea un plan estratégico de la agricultura y ganadería española horizonte 2030, que establezca las prioridades de la política agraria de ámbito nacional y que proponga las líneas de actuación a corto plazo y largo plazo y los compromisos económicos a asumir.