El consejero delegado de la exconcesionaria de Castor (Escal UGS), José Luis Martínez Dalmau, reiteró ayer ante el juez de Vinaròs las declaraciones del día anterior del presidente de la empresa, Recaredo del Potro, y cuestionó el informe del Instituto Geológico y Minero de España que vincula los 3oo seísmos registrados en septiembre de 2013 con la actividad del almacén de gas.
Según fuentes de la acusación popular de Arca Ibérica, el número dos de la empresa criticó el estudio que realizó el IGME en diciembre de 2013 y afirmó «que está plagado de errores e inexactitudes, que la metodología empleada por los técnicos carece de toda base científica» y que «sus conclusiones son erróneas». Martínez subrayó, añadió Arca Ibérica, que la empresa encargó otros estudios a organismos internacionales, entre los que citó el Centro de Investigaciones Geológicas de Postdam, para analizar los datos del IGME, y manifestó que estos análisis «evidencian el error de cálculo».
La oleada de terremotos en septiembre de 2013 coincidió en el tiempo con la actividad de la planta. Recaredo del Potro sostuvo el lunes que fue una casualidad y calificó la sismicidad de natural. Además, señaló que los seísmos ocurridos fueron «insignificantes» y los comparó con la vibración «que experimenta una vivienda cuando un camión transita por delante de la misma».
El IGME emitió un segundo informe en mayo de 2014 que señalaba que parte del origen de los movimientos era natural pero reconocía de nuevo que éstos pudieron tener una relación «con las operaciones de inyección de gas colchón». También constató un ligazón el Instituto Geográfico Nacional. El Gobierno decidió hibernar la planta de gas en octubre de 2014. Ha solicitado nuevos informes a la Universidad de Stanford y al «Massachusetts Institute of Technology» para confirmar las causas de los seísmos, pero la empresa ya abandonó la plataforma tras acordar una indemnización de 1.350 millones de euros.
Asimismo, el consejero delegado de Escal UGS adujo que la reducción del caudal de la inyección de gas en septiembre de 2013 no fue consecuencia del episodio sísmicos ni de la alerta trasladada por el Observatorio del Ebro, sino que aseguró que «estaba programada de antemano».
El Ministerio de Industria ordenó la primera suspensión de Castor el 16 de septiembre. A primeros de octubre, la fiscalía envió a la plataforma a la Guardia Civil para garantizar la paralización de la plataforma.
El juzgado de instrucción número 4 de Vinaròs investiga si se cometieron presuntas irregularidades en la tramitación de Castor por eludirse el riesgo sísmico. Hay imputadas 17 personas, entre otros, nueve ex altos cargos del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que dieron luz verde al proyecto, y el consejo de administración de Escal UGS.
Los responsables de los Ministerios de Industria y Medio Ambiente han sostenido en sus declaraciones que la información de la época marcaba a la zona como baja en riesgo sísmico y que quitaron valor a la advertencia del Observatorio del Ebro, mientras la empresa ha alegado que realizó estudios sismológicos «de forma exhaustiva».
