Peñíscola debía dar luz verde esta mañana a un presupuesto superior al de ejercicios anteriores. La diferencia es notable ya que en años anteriores se ha contado con presupuestos cuya cifra se ha movido en una horquilla de entre 13 o 14 millones de euros, mientras este año la cantidad se elevará a 20. 639. 309,7 euros, una dotación que incluye el crédito estatal que permitirá que la localidad haga frente a las sentencias firmes interpuestas por infracciones urbanísticas cometidas en los años 80, concretamente de 1980 al año 1986.
Dos de estas sentencias por infracciones relacionadas con el tema urbanístico ascienden a 7 millones de euros, que es justo el incremento económico que ahora se puede observar en el ejercicio para este próximo año 2016.
El alcalde de Peñíscola, Andrés Martínez, ya comunicaba hace unos días junto al Subdelegado del Gobierno en la provincia de Castellón, David Barelles, la aprobación por parte del Ministerio de Hacienda, de la adhesión del Ayuntamiento al Fondo de impulso económico para la financiación de sentencias firmes. Es este fondo el que permitirá al consistorio financiar la deuda generada por las sentencias a consecuencia de la comisión de infracciones urbanísticas durante el gobierno de ejecutivos locales anteriores.
Así, el pasado mes de julio ya se obtuvo el respaldo de todos los grupos en este punto en el pleno municipal, para solicitar siete millones de euros a este fondo económico para liquidar la deuda pendiente con la mercantil Levasa, que asciende a 4.055.329,64 euros, relativa a la infracción cometida con terrenos en la zona de Peñismar y con la familia Llopis, cuya deuda pendiente suma 3.120.000,00 euros, tras la infracción cometida con los terrenos del paseo norte; ambas infracciones llevadas a cabo durante dos legislaturas comprendidas entre 1983 y 1991.
Finalmente el Ministerio de Hacienda ha resuelto favorablemente la petición por la totalidad del importe.
Condiciones del préstamo
El Ministerio aún no ha detallado las condiciones de los préstamos, pero el Subdelegado del Gobierno ha comunicado la posibilidad de barajar tipos de interés inferiores al 1,4 %, que contrasta con el que se ha pagado hasta la actualidad negociado con los beneficiarios de los planes de pagos y que supera el 5 %.
