Los requisitos que el ayuntamiento ha debido cumplir para optar a la adhesión a este fondo han sido la existencia de un desfase de tesorería como consecuencia de la ejecución de sentencias; el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública; estar al corriente de suministrar la información económico-financiera al Estado a través de la oficina virtual y cumplir el periodo medio de pago a proveedores previsto por la ley de morosidad. Para Martínez esta adhesión supone «un ahorro importante en los intereses, además de la ampliación del plazo de pago que facilitará al consistorio poder disponer de mayor capacidad para hacer inversiones».
