Agentes de la Policía Nacional desahuciaron ayer a María Antonia Salazar y Ángel Bustamante en Vila-real, en un controvertido operativo que se notificó a los abogados de la familia con apenas doce horas de antelación y que se adelantó una hora para evitar la presencia de los activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y de la prensa.
La situación de la familia desahuciada es compleja y surrealista. Hace alrededor de cinco años avalaron al que entonces era novio de una de sus hijas por valor de 30.000 euros. De aquella deuda llegaron a pagar unos 22.000 euros, pero dejaron de abonar las tasas y fue entonces cuando se dieron cuenta de lo que habían firmado: tendrían que responder con todos sus bienes si no pagaban los 8.000 euros a CreditConsulting, y los intereses subían a casi el 30% en caso de impago. El resultado es una deuda que ahora asciende a unos 30.000 euros, una cantidad similar a la tasación que la entidad financiera realizó de la vivienda desahuciada.
La titular del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Vila-real comunicó a última hora del martes la orden de desahucio a los abogados de la familia afectada. En la notificación se afirmaba que tenía que ser la Policía Nacional, y no la Policía Local como es habitual en estos casos, la que acompañaría a la comitiva judicial a ejecutar la orden a las 10:30 horas de ayer miércoles.
El abogado Manuel Forcada, incidió en el «ensañamiento» de la jueza con la familia afectada, a última hora de la noche se decidió convocar a la PAH para intentar evitar el desahucio con una concentración pacífica. La sorpresa, tanto de los activistas como de la familia, fue que los agentes de la Policía Nacional se presentaron una hora antes en la casa y procedieron a desahuciar a Ángel y María Antonia antes de que hubiera ninguna concentración.
A la espera de una vivienda social
Una vez ejecutada la orden, la familia aceptó la oferta del ayuntamiento, que les ofreció dormir en un hostal de la ciudad hasta que los Servicios Sociales tramiten una ayuda de emergencia con la que puedan acceder a una vivienda social. El concejal de Seguridad Ciudadana, Javier Serralvo, que también llegó cuando el desahucio ya se había producido, se comprometió a que esta familia no dormiría ni una noche en la calle, y que el consistorio asumiría el coste de las noches en el hostal con una partida de emergencia creada en 2013 para situaciones como esta.
La activista de la PAH, María Jesús Garrido, arremetió contra la jueza que emitió la sentencia el martes por la noche, a la que acusó de actuar «de mala fe» al no respetar los tiempos mínimos para presentar una moratoria que les permitiría vivir en su domicilio hasta mayo de 2017 pese a que la vivienda ya no fuera de su propiedad.
Además, la forma como se hizo la tasación de la vivienda es una de las cuestiones que los abogados han llevado a la justicia, pues consideran que la misma se realizó de forma irregular, pues afirman que la vivienda tendría un valor cercano a los 200.000 euros. Esta cuestión todavía no ha sido resuelta por la familia de Vila´real ayer desahuciada.
