Las asociaciones de vecinos de la partidas de Riu, Surrac y Aiguaoliva de Benicarló, que ayer comparecían con el apoyo del representante de otra asociación Sanadorlí, Lluís Coll, trasladaban las acciones que van a emprender contra el ayuntamiento de la ciudad interponiendo una denuncia a colación de una recalificación que incluye el PGOU acerca de unos terrenos que pasaron de urbanos a rústicos y que corresponden a una superficie emplazada en las partidas de Surrac, y Aiguaoliva, precisamente junto a la costa, que eran terrenos urbanos hasta el año 1986, y que a partir del PGOU fueron recalificados a rústicos. Por este motivo los colectivos estiman que ha existido una pérdida patrimonial, «hemos dado orden a nuestros servicios jurídicos para presentar la misma demanda», informó ayer el portavoz, Manuel Roca.
Como explicaba ayer Roca, el concierto previo del PGOU, aprobado el 30 de julio de 2009, fue aprobado por los diferentes agentes que participaron, y suponía el 80% del PGOU. Según el portavoz, ya ese año 2009 estuvieron a punto de iniciar una querella contra el consistorio presidido entonces por Marcelino Domingo por la misma causa, una denuncia que ahora se reactiva y cobra fuerza ante la indefensión que, señalan, sienten por la moratoria en la aprobación de nuevos PAI en los primeros 500 metros de la costa impulsada por el ejecutivo valenciano. La medida no ha sentado nada bien entre los colectivos vecinales benicarlandos si se tiene en cuenta, además, que permanecerá vigente por espacio de un año. El conflicto tiene, por lo tanto, dos frentes.
Roca recordó que presentaron una propuesta para la que existía consenso y que consistía en establecer una franja litoral que enmarcaba áreas en Aiguaoliva, y el Riu Sec y la rambla de Cervera, hasta el puente de la N-340, y que se traducía en un total de 350 000 metros cuadrados de zona verde. Ahora este proyecto para el que había acuerdo por parte de vecinos y consistorio queda pendiente ante el decreto de Conselleria, con el agravante de que queda anulado cualquier derecho de construcción. Roca explicó que PSOE, PP, EU y ERPV, a excepción del Bloc, firmaron «y sellaron» ya en la anterior legislatura unos documentos añadiéndose al compromiso con los vecinos de la costa norte en la gestión de costas en cuanto a la protección y regeneración de esa zona de la localidad, así como el compromiso de respetar y aceptar la voluntad de los vecinos de la zona aprobado en asamblea general.
Desde los colectivos pretenden recordar al ayuntamiento este acuerdo, y que el consistorio lo defienda ante Conselleria para que el ayuntamiento defienda sus intereses y respete el acuerdo pactado en su día.
Pero, además, los vecinos mostraban el rechazo que sienten porque la moratoria trata a todos por igual, tanto los que han realizado barbaridades urbanísticas como a los que han sido «leales» y no han cometido ningún tipo de tropelía urbanística en la zona litoral. La moratoria se suma así al malestar que sienten por el trato recibido desde el consistorio benicarlando. Según incidía Roca, nunca ha pedido permisos para construir «avisperos» como los de Torrevieja, «mantenemos la estructura de la propiedad desde nuestros antepasados, no hemos dado forma especulativa a nada, hemos sido celosos en preservar una zona de calidad, que nuestros hijos puedan construirse una casa, con su jardín y sus árboles, nunca hemos especulado ni queremos especular estos en contra de los macroproyectos. Ahora llega Conselleria y nos dice que como se han hecho barbaridades en algunos lugares, en otros sitios en los que no hemos hecho nada, van a masacrarnos». Roca insistió en que «no nos dejaran hacer nada y van a arruinar el pueblo, porque sin desarrollo estaremos peor».
