Entre puentes festivos y elecciones, desidia y hastío incluidos, más el frío calendario que aleja el bullicio de la esfera del CD Castellón, supongo que unido a la obligación de portarse bien imbuidos por ese banal espíritu navideño que nos amenaza, pasa desapercibida la realidad mercantil de esta empresa que decimos es de todos -sentimentalmente, se sobreentiende-, pero cuya responsabilidad de gestión es tan personal como intransferible, porque así lo quiere su presidente.

La bonanza clasificatoria, y el oscuro agradecimiento de los amanuenses, pasa de largo sobre las reflexiones que merecen una junta general en la que debieran aclararse cuantas dudas ha generado la gestión del actual consejo de administración, que es el eufemismo leguleyo tras el que se esconde el omnímodo trabajo de David Cruz.

La convocatoria de los accionistas no supone una mera obligación, si no una oportunidad para que aquellos pregunten sobre sus intereses, aunque sólo puedan una vez al año. Poner como escudo protector, como éxito siquiera, la aprobación del concurso de acreedores, deviene una falacia en la medida que el aplauso se gana con el cumplimiento de los plazos pactados y no por la negociación llevada a buen término, en puridad un formulismo habitual para poner fecha de caducidad a los insolventes, que son los más en este tipo de casos.

Sobre esa tesis he venido pergeñando mis anteriores intervenciones, sin demasiado eco, la verdad. Tampoco esperaba otra cosa. Cuestión distinta es que la asamblea pasara también de largo por esas dudas que he venido aireando. Mayormente dónde han ido a parar los dineros que han caído del cielo -perdón por el mal chiste- o por sobrevenidos derechos de formación y taquillajes de superior categoría. Cierto que merece aprovecharse de ello quien ha asumido una herencia mucho más grave, letal incluso. Pero no por ello debe dejar de aclarar el aprovechamiento de dichos ingresos. Porque, a falta de conocer el tantas veces cacareado como silenciado plan de pagos -ridículo oxímoron- con Hacienda y Seguridad Social, y dada la reconocida falta de tesorería y patrimonio de Cruz y sus compañeros de palco, uno echa de menos aquella inesperada renta. Resulta tan legal como arbitraria la prevalencia de los pagos al administrador concursal o el bufete de Cano Coloma, pongamos por caso, pero mi malsana curiosidad es saber a cuánto ascienden sus respectivas minutas. Por eso, más allá del ejercicio de ingeniería financiera que nos presentará para justificar lo injustificable, incluso estigmatizando a los agnósticos por no ser del Castellón, de «su» Castellón tal vez. La cita también representa ocasión pintiparada para esperar esa rendición de cuentas que debe firmar el administrador concursal. Aunque no existe obligación alguna, salvo a solicitud de un acreedor que ha aceptado tan extraordinaria quita como para escamotearle la información de las prioridades de pago, y a expensas de que se produzca la reclamación por los cauces correspondientes, tampoco estaría de más un ejercicio de transparencia para demostrar que no hay ningún pago que ocultar.

No puedo imaginarme un pacto entre la sociedad anónima y su administrador concursal para eludir ese documento. Es imposible. Así que nada mejor que esperar al lunes 21 para atender a quienes merecen esa información y no a los tristes columnistas que alimentan sospechas infundadas. Y si de paso para ese día se ha ganado un par de partidos más, mejor que mejor, porque lo de esperar la lotería, como a un inversor sin convocar la ampliación de capital, ya da risa.