Las primeras viviendas que un banco ha ofrecido al Ayuntamiento de Castelló para albergar a familias desahuciadas o en riesgo de exclusión social están ocupadas de forma ilegal o necesitan rehabilitación. Así lo denunció ayer el concejal de Castelló en Moviment, Iñaki Vallejo, quien forma parte de la Mesa de Vivienda municipal encargada del seguimiento del protocolo antidesahucios puesto en marcha en el consistorio.
Vallejo, que eludió dar el nombre de la entidad bancaria para no comprometer futuras negociaciones, explicó que el ayuntamiento ha rechazado la cesión de estas viviendas, ya que en caso de aceptarlas «tendría que encargarse de los inquilinos actuales y asumir las reformas». En virtud del acuerdo con el banco, éste cede inmuebles de su stock al consistorio a cambio de un alquiler social que asumen los inquilinos. «No es tolerable que un banco ceda pisos para que se los reforme el ayuntamiento y luego se lleve el dinero», censuró el concejal de Castelló en Moviment.
En la actualidad los bancos tienen un fondo social de pisos que ponen a disposición de sus propios clientes. Lo que propone el consistorio es que las entidades le cedan algunos de esos inmuebles para alojar a familias sin recursos o afectadas por los desahucios. A la vista de lo ocurrido con la primera oferta de viviendas, el gobierno municipal tiene previsto negociar con otras entidades la cesión de pisos de alquiler social.
Según explicó Vallejo, también se baraja la opción de pedir a la Iglesia que colabore. «Ya que el obispado ha ofrecido alojamiento a los refugiados, también podría cederlo a familias desahuciadas», indicó.
Medidas antidesahucio
El Ayuntamiento de Castelló, la Audiencia Provincial y el Colegio de Procuradores rubricaron el pasado mes de octubre un protocolo de actuación ante situaciones de riesgo de exclusión social detectadas en los lanzamientos de vivienda habitual. El documento define como situaciones de riesgo la avanzada edad y carencia o escasez de medios del afectado y las deficiencias psíquicas o físicas que, aun no habiendo sido objeto de declaración judicial o administrativa, sean susceptibles de valoración. También contempla la existencia de menores de quince años en el hogar afectado por el lanzamiento u otras circunstancias que puedan derivar en riesgo de exclusión social a criterio de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Castelló.
Además, junto al protocolo el consistorio puso en marcha la Oficina Municipal de la Vivienda para ofrecer un servicio de orientación e información a familias con problemas ocupacionales.
Este recurso municipal ofrece orientación en casos de ejecución hipotecaria, lanzamientos y desahucios. También facilita información sobre alquileres sociales y se orienta sobre los servicios municipales disponibles en materia de vivienda. Es decir, articula el procedimiento para poder acceder a un alquiler social en caso necesario.
