Los ayuntamientos se han convertido en la crisis económica en el primer frente de auxilio de las familias más necesitadas. La ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local exige a los mismos ceder las competencias de servicios sociales a la autonomía excepto las ayudas de emergencia. Este cambio ha soliviantado a los consistorios de Castelló, que alertan que esta pérdida puede dejar en la estacada a centenares de ciudadanos.
Consistorios de la provincia exigen al Gobierno que modifique la reforma de la ley local y les permita conservar unas atribuciones que han ido desarrollando durante las casi cuatro décadas de democracia. El propio Ejecutivo central se ha enmendado en parte y ha aplazado la aplicación de la norma más allá de 2016. Según la ley, los municipios tenían hasta el 31 de diciembre de 2015 para traspasar los servicios sociales a la Administración autonómica, pero el Ministerio de Hacienda ha remitido un escrito a los mismos en el que les posibilita continuar el próximo año prestando esta atención social. Admite que no se dan las condiciones para materializar su reforma, cuyo futuro quedará en manos del Gobierno que surja de las elecciones del 20D.
Ayuntamientos de Castelló consultados por este diario no se conforman con este aplazamiento y quieren retirar de la ley la cesión de competencias sociales. El equipo de gobierno de la capital de la Plana va más allá y ha solicitado la declaración de entidad colaborada para tramitar ayudas de renta básica de inserción que cobran desempleados que se han quedado sin prestación de paro, según el concejal de Bienestar Social, José Luis López.
El edil subraya que la gestión de la Administración local es más ágil que la autonómica y, en este sentido, recuerda, los retrasos registrados por parte del Consell en las subvenciones de dependencia y renta de reinserción social. En el primer caso, su tramitación se ha demorado cerca de nueve meses, e incluso hay personas que han fallecido sin haberla percibido la ayuda, tal como han denunciado las plataformas de dependientes.
Castelló gasta seis millones de euros al año en programas sociales en los que el Consell sólo financia el 12 %, con la asunción de los mismos por parte de la Generalitat pondría en peligro su continuidad. Se tratan de actuaciones atención a la dependencia, emergencia social, familia e infancia, dinamización comunitaria, igualdad de oportunidades, prevención de trastornos adictivos e inmigración y convivencia. Ademas, destina otros 2,2 millones en servicios de teleayuda y de «menjar casa» dirigidos a la tercera edad.
El Ayuntamiento de Castelló dispone con la principal estructura de personal de servicios sociales de la ciudad, mientras el Consell cuenta con delegación territorial en Servicios Sociales. «El Gobierno quiere dejarnos como una administración meramente asistencialista. Nosotros apostamos por tener más competencias para responder de forma má rapida. Si una persona nos pide ayuda es porque la necesita y se la hemos de dar», remarca López.
