19 de diciembre de 2015
19.12.2015

Condenan a Bankia a devolver 120.000 euros por las preferentes en Castelló

La sentencia de un juzgado de primera instancia considera que la entidad no informó de forma adecuada

19.12.2015 | 00:00

Un juzgado de primera instancia Castelló ha condenado a Bankia a pagar 120.00o euros a un particular que invirtió en obligaciones subordinadas, informó García-Petit Abogados, el despacho de abogados que le ha defendido.

Según las mismas fuentes, la resolución judicial declaró la nulidad de las órdenes de compra, por tratarse de un producto financiero complejo y no haber ofrecido información adecuada sobre el mismo y los riesgos que entrañaba. Así se instó a la entidad a devolver los 120.000 euros invertidos más los intereses legales desde la fecha del contrato de adquisición y a abonar las costas del proceso.

Desde el comienzo de la crisis, García-Petit Abogados ha tenido que atender cada vez más a los numerosos particulares que se han visto afectados por productos bancarios «tóxicos» como las acciones Bankia, las preferentes y subordinadas, las cuotas CAM o las cláusulas suelo.

A partir de este verano el goteo de resoluciones judiciales, tanto de los juzgados de Primera Instancia como de la Audiencia Provincial en favor de los afectados se ha venido sucediendo sin interrupción, según el bufete de abogados de Castelló

En el caso de las acciones de Bankia son ya numerosos los afectados castellonenses que han visto confirmadas por la Audiencia Provincial las sentencias que les daban la razón, lo que ha permitido que se abriese la vía para que el resto de las demandas presentadas por los ahorradores se resuelvan de similar manera.

10.000 afectados

Cabe recordar que la Unión de Consumidores de Castelló estima que alrededor de 10.000 castellonenses están afectados por la pérdida de más de 120 millones de euros. La UCE ya ha interpuesto 40 demandas de inversores que han perdido un promedio de 8.000 euros por persona (una cantidad que en algunos casos se multiplica).

En sentencias anteriores, la Audiencia señalan que no se informó debidamente de los riesgos de pérdida de la inversión que asumían y, con ello, su verdadera naturaleza, con la consiguiente «equivocada representación de la realidad».

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