23 de diciembre de 2015
23.12.2015

Una jornada de la UJI defiende más controles en la administración para evitar la corrupción

«Faltan mecanismos administrativos eficaces y procesales ágiles», según la catedrática Marisa Cuerda

22.12.2015 | 21:59

La Universitat Jaume I celebró una jornada internacional sobre proceso penal bajo el título «Víctima, criminalidad organizada y corrupción» en la que se abordó la corrupción, el crimen organizado y el extremismo, las reformas sustantivas en materia de corrupción pública o la situación y el tratamiento de la corrupción en países como Italia y Alemania.

El acto se inició con la intervención de Marisa Cuerda, catedrática de Derecho Penal de la UJI, quien señaló que el problema de la proliferación de la corrupción y de las absoluciones y condenas indulgentes no está en el Código Penal. «Tenemos tipos más que suficientes para condenar, los problemas son otros como la carencia de mecanismos administrativos de control eficaces o, cuando estos fallan, contar con mecanismos procesales ágiles» afirmó la catedrática.

Asimismo, añadió que hay una manifiesta insuficiencia de medios en los organismos destinados a combatir la corrupción con una fiscalía anticorrupción que ha asumido más competencias y que tiene la misma plantilla que en 1995 y otras unidades que colaboran, como la Agencia Tributaria o la Policía Nacional, que tan sólo cuentan con 10 funcionarios para esta tarea cada una.

En cuanto a las reformas introducidas por la Ley Orgánica 1/2015, explicó que contemplan el aumento de las penas, la introducción de una nueva figura de financiación ilegal de partidos políticos o la configuración de la malversación como una modalidad de administración desleal. «Se han aumentado las penas con el objetivo declarado de aumentar la prescripción pero lo que se tiene que hacer no es que los delitos prescriban más tarde sino investigarlos con mayor celeridad. En cuanto a la administración desleal, esta no castiga los casos de ineptitud en la gestión de forma que están todavía para probar las ventajas de este cambio», apuntó.

Cuerda añadió que «hace falta en España realizar reformas armónicas y no sectoriales en los controles administrativos previos y en la legislación procesal. El proceso y el modelo de enjuiciamiento ya no admite más reformas, requiere un cambio radical». En este sentido, indicó que no sólo es necesario este cambio por los efectos que tiene sobre la pena sino por el efecto en la prevención general intimidatoria y también en la prevención general positiva «porque la falta de condenas o las condenas indulgentes provocan una falta de confianza del ciudadano en las instituciones».

En cuanto a la corrupción y el crimen organizado, el catedrático José Luis González Cussac indicó que «el Derecho penal y el Derecho procesal pueden arreglar ciertas partes de este fenómeno pero, para ello, primero tiene que haber un funcionamiento adecuado de la administración pública». Sostuvo que el Derecho Penal en estas materias es extremadamente dependiente del Derecho administrativo y esto significa que técnicamente las figuras de delito y, por lo tanto, las investigaciones penales, tienen que enfrentarse a una relajación en cuanto a la tipificación. Hizo referencia a dos fenómenos que todavía han aumentado más la complejidad en las investigaciones como es el hecho de que las administraciones públicas hayan externalizado servicios públicos y la desregularización, que, a su juicio, suaviza los controles previos administrativos.

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