La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (Aerte) cree que la valoración realizada esta semana por la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas en materia de asistencia a la dependencia, Mónica Oltra, es «positiva» pero considera que se siguen produciendo «desigualdades» entre personas con diversidad funcional y mayores. Asimismo, constata que se siguen produciendo diferencias por parte de la Administración «en función de los centros o servicios en los que estén siendo atendidas, es decir, entre centros residenciales y los de atención diurna».
En este sentido apunta a que se elimina el copago en los centros diurnos en los que se atiende a 4.669 personas, de los que el 71 por ciento son discapacitados. En cambio, según asegura, las medidas propuestas en los centros residenciales en los que se atiende a 12.482 personas, la mayoría personas mayores, «no se elimina el copago, sino que se aumenta el dinero de bolsillo». Este dinero para gastos personales para las personas con diversidad funcional aumenta un 57 %, pero el incremento es menor para las personas mayores, de un 24 %, con una cuantía final inferior para los mayores.
La patronal de asistencia a la dependencia asegura que no está de acuerdo en la eliminación del copago «en unos recursos sociales y en otros no», como es el caso de las residencias. A su juicio, «se debe fijar medidas igualitarias, si la política es eliminar el copago, éste debe hacerse en todos los recursos y no solo en los diurnos». Asimismo, cree necesario establecer un modelo que «respete» la igualdad entre personas con diversidad funcional y mayores.
Reducción de listas de espera
Sobre la intención del Consell de reducir las listas de espera, considera que es «muy positiva» ya que «permite prestar una atención, en el momento adecuado, y con dignidad a las personas dependientes». No obstante, apunta a que es necesaria «una mejora de la información para conocer que tipos de prestaciones se están resolviendo ya que parece que se está produciendo un excesivo número de cuidador no profesional».
Aerte también valora el esfuerzo que se está haciendo en materia de pagos, pero sostiene que se deben abonar de manera mensual todas las obligaciones que tiene la Administración, «a consecuencia de atención a las personas dependientes, independientemente del tipo de recurso con que se atienda a esa persona». Para Aerte, el incremento del presupuesto de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas en un 17% «tendrá un impacto positivo en la vida de los dependientes siempre que vaya acompañado de los recursos necesarios para su ejecución».
