El equipo de gobierno de Castellón (PSPV y Compromís) ha ratificado su compromiso con las familias que han ocupado un bloque de viviendas en desuso para buscar una solución a su situación, pero no avala "en ningún caso una ocupación ilegal de una propiedad privada, ya que sienta un peligroso precedente".
El ejecutivo local ha hecho estas declaraciones en un comunicado tras conocerse la ocupación de una finca de viviendas en la ciudad de Castellón por parte de cinco familias sin recursos y ha hecho un llamamiento ciudadano para que se respeten las normas de convivencia.
En el mismo comunicado se indica que en cuanto ha tenido conocimiento de estos hechos "el Ayuntamiento ha ofrecido a estas familias toda su colaboración y ha puesto a su disposición todos los recursos sociales de que dispone para que vengan a las oficinas municipales cuando quieran".
Señala que de las familias involucradas, "el único caso del que tenemos información ha sido atendido en los últimos meses por diferentes servicios municipales y se le han ofrecido diferentes soluciones para su problema".
En el mismo escrito el equipo de Gobierno afirma que está "al lado de las personas que peor lo están pasando todos los días, actuando según los procedimientos establecidos y con criterios objetivos, concediendo ayudas de alquiler y evitando el corte de suministros de agua, luz y gas, entre otras medidas".
Fuentes municipales han recordado que durante el segundo semestre de 2015 se han concedido 1.383 ayudas económicas para el pago del alquiler de la vivienda, destinadas a familias en situación de emergencia social.
El importe total del gasto por este concepto asciende a 500.765,00 euros, lo que supone una media de gasto por ayuda concedida de 362,08 euros, según las mismas fuentes.
Por otro lado, aclara que lo ocurrido en la calle Gran Vía de Castellón es "una ocupación ilegal de una vivienda, y no un desahucio" y añade que se da la circunstancia "de que el edificio es de un particular y no de una entidad bancaria".
"El Ayuntamiento de Castellón no puede avalar, en ningún caso, una ocupación ilegal de una propiedad privada, ya que este hecho sienta un peligroso precedente", ha matizado.
Por último, ha recordado que el protocolo que el Ayuntamiento firmó el pasado mes de septiembre con la Audiencia Provincial "es para evitar desahucios y no ocupaciones ilegales, que se deberán resolver por otros cauces".
El ejecutivo local ha pedido a los vecinos y vecinas de Castellón, y a las diferentes asociaciones y entidades, que "respeten" las normas de convivencia ciudadana.
"Nuestra obligación como servidores públicos es resolver los problemas de la gente y no generar conflictos legales", ha concluido.
