La comisión de seguimiento del edificio 167 de la avenida José Ortiz, conocido como Grupo B, mantuvo ayer una reunión en la que se informó a los vecinos interesados sobre las obligaciones de rehabilitación del edificio que conllevan la construcción de viviendas, y se presentaron varias opciones de futuro para convertirlo en un inmueble de uso social.
La directora general de la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (EIGE), Blanca Marín, fue la encargada de dar a conocer algunos de los detalles técnicos de las obras de rehabilitación del edificio del Grupo B, ya que hace tres meses, la institución autonómica y el ayuntamiento firmaron un convenio para la reforma del inmueble sin que se llevara a cabo el derribo. Según se desprende de la documentación oficial, la subvención de 1,7 millones con la que se ha dotado el proceso de rehabilitación obliga a la construcción de viviendas en el inmueble. La directora general del EIGE se mostró ayer abierta a las opciones propuestas por los vecinos, siempre teniendo en cuenta que el derribo no se realizará. Una guardería pública, un centro geriátrico o un nuevo cuartel para la Guardia Civil fueron algunas de las opciones planteadas y que podrían cumplir con los requisitos de la rehabilitación.
Blanca Marín indicó que «estamos ante un cambio de criterio en materia de vivienda y la rehabilitación es un factor fundamental de la nueva política del Consell. Antes se apostaba por la demolición del grupo José Ortiz y la construcción de un nuevo edificio y ahora apostamos por su rehabilitación y regeneración urbana y pensamos que la participación de los vecinos es fundamental para obtener los mejores resultados para todos».
La alcaldesa de Almassora, Susanna Nicolau, miembro de la comisión de seguimiento junto a dos de los ediles del PSPV y a otro de Compromís, manifestó tras la reunión su «satisfacción por cómo se ha desarrollado la reunión. Contenta por el nivel de participación, por el tono respetuoso de todo momento y por la pluralidad de las ideas expresadas». Asimismo, la edil de Servicios Sociales, Diana Benlliure se mostró esperanzada «porque de momento ha sido una reunión informativa que ya ha desembocado en una mesa o comisión de trabajo que comenzará a trabajar el próximo mes de febrero junto a los vecinos».
Aceptan que no se derribará
A la salida de la reunión, algunos de los vecinos asistentes y en su mayoría residentes en el barrio de Fátima de Almassora, aceptaban que el futuro del edificio no será el derribo que solicitan. La presidenta de la asociación de vecinos, Marisol Fernández, manifestó que «nos quieren convencer de la rehabilitación y para nosotros solo se convertirá en un lavado de cara del inmueble, pero lo que tenemos claro es que no queremos nuevas viviendas en el edificio». Otra de las vecinas también comentaba las opciones que se barajan para la posible rehabilitación: «se ha hablado de un cuartel de la Guardia Civil, y entendemos que la obligación de dotar de viviendas se podría cubrir con los inmuebles para los agentes». Parece, por tanto, que la lucha iniciada por parte de los vecinos de Fátima por el derribo como única opción de futuro se desinfla, ya que el acuerdo entre Consell y ayuntamiento obligará a una rehabilitación que, «como mínimo nos gustaría que no se convirtiese en el mismo tipo de viviendas y de foco de problemas como ha sido hasta ahora», tal y como comentó otro de los asistentes a la reunión.
Pese a las quejas manifestadas durante la semana por el Partido Popular de Almassora por no habérseles incluido en la comisión de seguimiento, el portavoz Luis Martínez estuvo junto al representante de Ciudadanos también presente en el encuentro. Los populares han apoyado siempre el derribo del edificio.
