06 de enero de 2016
06.01.2016

El ayuntamiento rechaza la «ocupación ilegal» de las viviendas aunque ofrece su colaboración

La PAH busca un alquiler social para las cinco familias afectadas y Castelló en Moviment pide que la Sareb ceda sus pisos

06.01.2016 | 03:11
El ayuntamiento rechaza la «ocupación ilegal» de las viviendas aunque ofrece su colaboración

El Ayuntamiento de Castelló asegura que «no puede avalar, en ningún caso, una ocupación ilegal de una propiedad privada, ya que este hecho sienta un peligroso precedente». Así se refirió ayer a la ocupación de un bloque de viviendas de la ciudad por parte de cinco familias que reclaman un alquiler social. No obstante, el consistorio ha ofrecido su colaboración a los afectados y ha puesto a su disposición «todos los recursos sociales», según señaló el ejecutivo local.

La situación de estas familias se conoció el pasado lunes, a raíz de una actuación policial denunciada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Castelló (PAH). Según explicó el colectivo en un comunicado, «un furgón de agentes de la Policía Nacional, acompañados de un supuesto representante de la empresa, hizo acto de presencia en el inmueble, derribando algunas puertas de viviendas y causando desperfectos». La portavoz de la plataforma, María Jesús Garrido, matizó después que aunque no saben si fueron los agentes quienes forzaron las puertas, puesto que los miembros de la PAH llegaron más tarde, sí están seguros de que no tenían orden judicial para irrumpir en las viviendas.

Según su relato, todas las familias se agruparon en un mismo piso alertadas de la presencia policial. Una vez allí, cuando se dieron cuenta de que tres personas intentaban forzar la puerta, les advirtieron de que si entraban les grabarían y, tras pedirles la preceptiva orden judicial, desistieron y se marcharon. «Cuando llegamos nosotros, vimos en la puerta un furgón con varios agentes y al rato se fueron», detalló Garrido.

Las viviendas, en desuso desde hace años, fueron ocupadas el pasado 28 de diciembre. En un principio iban a ser siete la familias que se instalaran allí. Sin embargo, dos de ellas no pudieron hacerlo por problemas de salud. «Estas personas llevan cuatro o cinco años sin ingresos, yendo de un lado a otro, son familias honestas, honradas, que han vivido de su trabajo mientras han podido, no son delincuentes, han sido de clase media», explicó la portavoz de la PAH. La asociación tutela ahora a las familias, les facilita lo básico para vivir y, una vez pasen las fiestas navideñas, se pondrá en contacto con la empresa propietaria e intentará negociar un alquiler social. «Hay 13.000 viviendas vacías en Castelló, con 17.000 desempleados y con miles de procesos de desahucio en los últimos años, es una vergüenza que haya gente sin casa y casas sin gente en nuestra ciudad», señaló la plataforma.

«No es un desahucio»

El Ayuntamiento de Castelló mostró ayer sus reticencias ante lo sucedido. En un comunicado, el consistorio dejó claro que «estamos ante una ocupación ilegal de una vivienda, y no ante un desahucio». Además, precisó que «el edificio es de un particular y no de una entidad bancaria». Según diversas fuentes, el propietario es el grupo Xiob, una empresa castellonense dedicada a la construcción, la promoción y la venta inmobiliaria, aunque este extremo no ha sido confirmado por la entidad.

Por otra parte, el equipo de gobierno recuerda que «el protocolo que el ayuntamiento firmó el pasado mes de septiembre con la Audiencia Provincial es para evitar desahucios y no ocupaciones ilegales, que se deberán resolver por otros cauces». En este sentido, pidió «a los vecinos y vecinas de Castelló, y a las diferentes asociaciones y entidades, que respeten las normas de convivencia ciudadana». «Nuestra obligación como servidores públicos es resolver los problemas de la gente y no generarles conflictos legales», concluyó.

Sin pisos disponibles

Pese a no avalar la ocupación de las viviendas, el ayuntamiento ha ofrecido su ayuda a las familias afectadas. De hecho, recuerda que «durante el segundo semestre de 2015 se han concedido 1.383 ayudas económicas para el pago del alquiler de la vivienda, destinadas a familias en situación de emergencia social». Sin embargo, la necesidad habitacional es urgente en algunos casos y el ayuntamiento no puede dar respuesta por falta de viviendas disponibles, según explicó ayer el abogado de la PAH y concejal de Castelló en Moviment (CSeM), Iñaki Vallejo. «Los bancos siguen sin ceder sus viviendas vacías al consistorio y las viviendas municipales y de la Generalitat están por reformar», aseguró el edil. «La única vía factible desde el ayuntamiento es negociar un alquiler social y subvencionarlo, pero esto lleva su tiempo y hay familias que no pueden esperar», añadió.

Ante esta situación, una de las medidas que plantea al equipo de gobierno es presionar a la Sareb. El denominado banco malo posee unos 200 pisos en Castelló y ya ha acordado ceder viviendas en Barcelona, según el concejal de CSeM. «La buena voluntad no vale», dijo en referencia a la gestión del ejecutivo local, al que urgió a aplicar el acuerdo aprobado en pleno contra los desalojos de viviendas familiares habituales o de primera residencia. «Las familias no pueden esperar en la calle mientras desde la política se buscan soluciones que nunca llegan a tiempo», concluyó el edil Iñaki Vallejo.

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