06 de enero de 2016
06.01.2016

Puig planea recurrir la indemnización por el cierre de la planta de gas Castor

La Generalitat estudia secundar a Catalunya y pleitear contra el recargo en la factura del gas

05.01.2016 | 23:20
Puig planea recurrir la indemnización por el cierre de la planta de gas Castor

La Generalitat Valenciana estudia secundar a Catalunya y llevar a los tribunales la indemnización por el cierre de la planta Castor por recargarse en la factura del gas. El presidente del Consell, Ximo Puig, aseguró que el Gobierno valenciano está estudiando en este sentido la posibilidad de realizar «alguna intervención de carácter jurídico».

Puig se manifestó así al ser preguntado por si el Consell tenía prevista alguna acción legal después de que el de Cataluña haya decidido acudir a la Justicia para evitar que la indemnización por la paralización del almacén situado frente a la costa de Vinaròs repercuta en la factura del gas.

«Es verdad que esto se produjo en la legislatura anterior y el gobierno del PP no hizo ningún tipo de acción y no sé si nosotros en estas condiciones podemos realizarla o no», agregó.

Para el jefe del ejecutivo valenciano, lo sustantivo es que «no tiene ningún tipo de legitimidad que tengan que ser los ciudadanos los que paguen el coste de un error monumental. Un error del que hay que ver quién es fundamentalmente el causante y eso en estos momentos no se sabe».

Puig subrayó que la decisión del gobierno de España de pagar la indemnización «sin saber las causas objetivas que produjeron este desastre», no le parece «lógica».

«Lo lógico hubiera sido esperar a la investigación y asumir lo que correspondiera, en caso de que le correspondiera al Estado pero que se haya pagado antes de saber lo que ha pasado no es lógico, no es razonable y no tiene ningún sentido», concluyó.

El diputado autonómico del Partido Popular Rubén Ibáñez denunció que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, «manipule y siga intentando confundir a los valencianos sobre la autoría del Castor que, sumado a las desaladoras, supuso el mayor fiasco del Gobierno de Zapatero para la provincia de Castellón y por el que se va a tener que pagar una indemnización millonaria».

Ibáñez calificó de «irresponsabilidad mayúscula» que «los promotores de la mayor ruina de la historia de la provincia estén intentando sembrar dudas sobre un proyecto que nació al amparo del gobierno socialista». «Lo irracional e incoherente ahora es querer defender una infraestructura que se ha saldado con un inservible amasijo de hierros y con 1.300 millones de euros tirados al mar», aseguró Ibáñez, que afirmó que «desde el PP lo único que hacemos es cumplir la ley».

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