La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) insta al Ayuntamiento de Castelló y a la empresa propietaria del edificio ocupado por cinco familias a buscar una salida negociada a la situación, y ha convocado una concentración de apoyo hoy a las 13.30 horas frente al inmueble.
La PAH inició ayer la ronda de negociaciones con la empresa propietaria del inmueble, ubicado en la calle Gran Vía y bautizado como Edificio Reyes, para estudiar la posibilidad del alquiler social para las cinco familias afectadas, que ocuparon las viviendas el pasado 28 de diciembre. Por su parte, urgió al consistorio a la creación de la bolsa de alquiler social que atienda la emergencia habitacional. Según informó ayer la PAH, trabajadores de las empresas de agua y electricidad procedieron ayer al corte de suministro de las viviendas ocupadas. Las familias han comunicado también que agentes de la Policía Nacional hicieron acto de presencia durante la mañana e identificaron a dos personas vinculadas a la PAH de Castelló.
La portavoz de la plataforma, María Jesús Garrido, informó de que apelarán «a la responsabilidad social de la empresa propietaria para resolver entre todos la difícil situación por la que están pasando estas familias. No queremos privilegios, queremos derecho a la vivienda, alquiler social y que no haya gente sin casa y casas sin gente», dijo. Además, desde la PAH ha instado al gobierno municipal a que tome partido ante esta situación, «que es un reflejo de una problemática más grande que se da a diario en nuestra ciudad». En este sentido, le han pedido que concrete qué ayudas y qué condiciones ofrece a las familias afectadas, y qué solución va a dar a las decenas de casos similares que existen en Castelló.
«La falta de viviendas sociales, la precariedad en el trabajo y las condiciones de vida están provocando que mucha gente se vaya viendo forzada a ocupar viviendas de forma ilegal. Cuando se vulnera un derecho básico como es la vivienda y la vida digna, la gente tiene la obligación de buscar soluciones legítimas aunque sean ilegales», indicó Garrido. La PAH apunta así a la responsabilidad social de entidades financieras e inmobiliarias «que siguen acaparando buena parte de las 13.000 viviendas vacías de Castelló». Señaló, además, la urgencia de poner en marcha las medidas aprobadas en el pleno municipal de diciembre, especialmente la bolsa de alquiler social con viviendas en propiedad de bancos, inmobiliarias y particulares.
«Es irracional que haya un problema de acceso a la vivienda cuando tenemos miles de ellas vacías. Si los ingresos de muchas familias no cubren los alquileres, habrá que impulsar un plan de alquiler social donde administraciones públicas y empresas hagan un esfuerzo por resolver este problema que ya dura demasiados años», reclamó la portavoz de la PAH.
Por su parte, Castelló en Moviment instó ayer al ayuntamiento a mediar con la empresa propietaria del edificio para conseguir «una solución dialogada» y pidió que se amplíe el parque municipal de vivienda social.
