La empresa de la zona de aparcamiento de pago (ORA) de Castelló vivió el jueves por la mañana unas horas caóticas. En teoría ese día caducaban las tarjetas gratuitas adscritas a la zona verde. Esta última zona amaneció despoblada de coches, y los que permanecieron con los visados caducados se encontraron con la correspondiente sanción.
Los controladores de la ORA recibieron a primera hora la orden de multar a los vehículos con las tarjetas antiguas. Al mediodía, la empresa rectificó y decidió ampliar su vigencia y el periodo de renovación de las nuevas hasta el 31 de enero. La confusión el jueves era generalizada y un alud de residentes se agolpaba en la oficina de la concesionaria para actualizar su autorización. El equipo de gobierno instó a prolongar el plazo de renovación.
Sin embargo, en ese momento, los operarios de la ORA ya habían emitido más de un centenar de sanciones. Éstas quedan sin efecto tras prorrogarse el periodo de renovación, pero los conductores afectados habrán de presentar una reclamación para no tener que pagar.
Cabe recordar que el actual equipo de gobierno ha reducido las condiciones para beneficiarse de las tarjetas gratuitas en las plazas verdes. A partir del 31 de enero podrán aparcar en emplazamientos verdes los residentes de estas calles más los de la zona azul situadas en sus proximidades. Asimismo, quedan exentos de la gratuidad los propietarios de viviendas arrendadas al no vivir en las mismas.
Los viales verdes se encuentran en los entornos del IES Ribalta, Muralla Liberal, País Valencià-ronda Mijares y colegio Herrero. El ejecutivo local subraya que lleva a cabo esta restricción de acuerdo al contrato de la ORA y denuncia que el ejecutivo popular concedió un «exceso» de permisos gratuitos con la inclusión de vecinos y comerciantes de calles situadas fuera de la zona verde.
El recorte de la cifra de beneficiarios ha vaciado de coches las citadas zonas verdes. Éstas se introdujeron en 2014 en una ampliación de la ORA con el rechazo de la entonces oposición del PSPV y Compromís por adolecer de actividad comercial. Ahora, el ejecutivo municipal está atado a la concesión, a la que le queda siete años en vigor.
