La demanda social de vivienda y la falta de pisos municipales disponibles en la actualidad empuja al Ayuntamiento de Castelló a barajar todas las alternativas posibles para dar respuesta a las familias sin recursos. Por ello, además de negociar con los bancos la cesión de viviendas para desahuciados, el consistorio no descarta recurrir también a la Iglesia. Así lo reconoció la concejala de Vivienda, Ali Brancal, quien recordó que el obispado «tiene pisos que alquila a personas con dificultades económicas». Es, por tanto, «otra posible fuente» para ayudar a estas familias, añadió.
Y es que el ayuntamiento se enfrenta a una demanda creciente de viviendas sociales. A falta de cerrar el balance, se estima que hay unas 30 familias en lista de espera que cumplen todos los requisitos exigidos para acceder a un piso municipal, según explicó la edil. «Hay muchos más demandantes de viviendas, pero no todos se ajustan a los criterios», precisó.
No obstante, aseguró que en los últimos seis meses, desde el cambio de gobierno municipal, «nadie se ha quedado en la calle». «Si hay una urgencia habitacional inmediata se busca alojamiento en un hotel si es necesario mientras se da tiempo a los Servicios Sociales para que busquen una solución», explicó Brancal.
El problema al que se enfrenta el ayuntamiento es la falta de pisos municipales disponibles. El consistorio continúa evaluando la situación del parque de vivienda tras años de descontrol. Algunos inmuebles han sido ocupados sin permiso administrativo y otros se encuentran tan deteriorados que no reúnen las condiciones de habitabilidad. En la actualidad se están rehabilitando algunas viviendas y la concejala Ali Brancal espera que entre abril y mayo queden disponibles cuatro para adjudicar. El pasado mes de septiembre ya se pudo poner una a disposición de una familia solicitante.
Negociaciones
Mientras tanto, el ayuntamiento negocia con los bancos la cesión de pisos para familias desahuciadas o en riesgo de exclusión social. Sin embargo, de momento, no ha cerrado ningún acuerdo. Recientemente una entidad ofreció al consistorio varios inmuebles para alquiler social, pero el trato no fructificó porque las viviendas resultaron estar ocupadas de manera irregular.
Ante esta situación, el equipo de gobierno no cierra la puerta a recurrir también a empresas inmobiliarias, aunque de momento las negociaciones se han limitado a las entidades financieras. De hecho, próximamente se mantendrán nuevos contactos.
Ciudad contraria a desahucios
El último pleno municipal aprobó una moción que declara a Castelló «ciudad contraria a desahucios» en primera vivienda. Entre otras medidas, insta a los bancos a suspender los desahucios en trámite y a cambio el ayuntamiento ofrece su mediación para buscar una solución.
