Cerca de 2.500 viviendas de la Marjaleria de Castelló se encuentra en el limbo legal desde hace décadas. El Consell aprobó en 2006 un plan especial para regularizar la zona, pero sus desmedidas previsiones lo mantienen en punto muerto. Planteaba el desarrollo de servicios públicos con un valor de 30 millones más unos costos de urbanización de 80 millones. Asimismo, posibilitaba la construcción de otras nuevas 2.500 casas en el humedal.
La paralización del plan especial ha mantenido en la ilegalidad las casas de la marjaleria. Por este motivo, el Ayuntamiento de Castelló ha abierto en los últimos años decenas de expedientes contras las reformas y ampliaciones realizadas en las edificaciones. En trámite se contabilizan cerca de un centenar de órdenes de derribo. Muchas de estas viviendas afectadas están, además, inmersas en un proceso judicial por un presunto delito contra el medio ambiente. De momento no hay constancia de ninguna demolición. Lasa alegaciones de los propietarios y las causas en los tribunales aplazan la resolución de los expedientes.
La plataforma vecinal de Unión de la Marjaleria exige una amnistía de las viviendas y advierte que se tratan de primeras residencias. El nuevo equipo de gobierno apuesta por revisar el plan especial para intentar regularizar de una vez la marjaleria, pero admite que no se podrán salvar todas las casas con la ley en la mano, especialmente aquellas que cuenten con una sentencia contraria en firme. Pero su idea pasa salvaguardar el mayor número de edificaciones, a la vez que reduce el suelo urbanizable que carezca de edificaciones.
Por su parte, el Ayuntamiento de Ontinyent, con 6.000 casas ilegales detectadas en su término municipal, ha sido el instigador del nuevo cambio legal que permite dar una salida al problema de los diseminados. La teniente de alcalde de Territori, Sostenibilitat i Serveis Municipals, Rebeca Torró, explica que el tiempo apremiaba porque en esta legislatura se cumplían los cuatro años legales de prescripción de las multas impuestas «y tenía que empezar a cobrarlas sí o sí».
