El derecho de acceso a la vivienda y la dotación habitacional centraron ayer la atención en la sesión plenaria correspondiente al mes de enero en el Ayuntamiento de Almassora. Tras la aprobación de la adhesión de Almassora a la petición de reformar la ley reguladora del derecho a la vivienda que cubra los mínimos para hacer frente a la emergencia habitacional, el Partido Popular volvió a poner sobre la mesa el debate sobre el futuro del Grupo B. El equipo de gobierno volvió a insistir en la propiedad del edificio por parte de la Consellería y lamentó que la oposición «no haya sido capaz de esperar para presentar una moción que precisamente pide lo que estamos haciendo ahora mismo, renegociar el futuro del inmueble con la conselleria», destacó la edil de Urbanismo, Carmina Martinavarro.
La política habitacional se puso ayer a prueba con las proposiciones y mociones. Para comenzar, Se Puede Almassora introdujo, después de tres intentos por parte de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, la posibilidad de que el municipio se adhiriese a la petición de crear una nueva ley que establezca otros criterios reguladores del derecho a la vivienda. Con el voto a favor de todos los grupos políticos municipales, los más de cincuenta miembros de la PAH presentes en el pleno, suman el nombre de Almassora a la lista de municipios que exigen una nueva regulación, tal y como ya lo han hecho otros municipios cercanos como el caso de Borriana en el pasado pleno ordinario de diciembre.
Otro de los momentos en los que la firmeza de las decisiones sobre política habitacional del actual equipo de gobierno se puso en duda, coincidió con la moción de reprobación a la alcaldesa presentada por el grupo popular. Tal y como han recordado durante las últimas semanas, y volvió a insistir su portavoz, Luís Martínez «estimamos que es un error dar la espalda a los vecinos y hacerlo echando ahora balones fuera asegurando que el consistorio no tiene ninguna capacidad de acción sobre un inmueble de titularidad autonómica». Martínez defendió el derribo y el papel que debería jugar el gobierno local porque «nosotros sí creemos que tienen capacidad de acción política, porque del mismo modo que impusieron a través de la Policía Local la retirada de las pancartas que los vecinos instalaron en el edificio para reclamar su derribo». Tras la petición por parte de la alcaldesa de un receso para discutir con el resto de miembros del equipo de gobierno, tanto Compromís como PSOE acabaron votando a favor de una moción en la que los populares se comprometieron a retirar el apartado de referencia a la reprobación a Nicolau.
Contestación al PP
Tanto la edil de Urbanismo, Carmina Martinavarro, como la de Servicios Sociales, Diana Benlliure recordaron que «el plan de 2010 del Partido Popular también contemplaba la construcción de viviendas, y en aquel momento no se levantó el mismo revuelo que ahora». Martínez respondió que «aquellas viviendas era de protección oficial y no de carácter social». Al final del debate, todos los partidos votaron a favor de seguir renegociando con los propietarios del inmueble, el Consell, las diferentes opciones para el futuro del edificio, pese a que el equipo de gobierno no dio en ningún momento la posibilidad de que el derribo sea la condición que Almassora exija a la conselleria.
También aprobaron todos los grupos una moción para la puesta en marcha inmediata del Centro Tecnológico de Frutos Secos, aunque desde la el gobierno se encargaron de recordar a los populares que fueron ellos «quienes tuvieron siete años para ponerlo en marcha y no lo hicieron».
