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Distrito Oeste

El Grupo San Lorenzo pide regularizar las ocupaciones ilegales de viviendas

El barrio tiene unos 20 pisos públicos ocupados sin permiso, según un representante vecinal Propone la contratación de jóvenes de la zona para rehabilitar los inmuebles de la Generalitat

El Grupo San Lorenzo pide regularizar las ocupaciones ilegales de viviendas

La ocupación ilegal de viviendas públicas en el Grupo San Lorenzo de Castelló es una de las asignaturas pendientes del barrio, que ahora pide la regularización de la situación de las familias. Un representante vecinal, Alfonso Guerrero, trasladó ayer esta reivindicación al ayuntamiento para que medie con la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (EIGE), de la que dependen las 161 viviendas públicas del barrio.

Según explicó, hay unos 20 pisos ocupados de manera ilegal. Por ello, pide que se regularice su situación, de manera que paguen un alquiler social en función de sus ingresos y se les garantice así su permanencia en estas viviendas. Temen que cuando se ejecute la rehabilitación proyectada en los 161 pisos públicos se queden en la calle al no tener un contrato de alquiler.

Al problema de la ocupación, se suma también la morosidad de los vecinos. Hay entre 20 y 25 viviendas que no pagan el alquiler, según Guerrero, quien lamenta el «descontrol» del EIGE durante años. «He tenido que ayudar a muchos vecinos a renegociar los alquileres para adaptarlos a sus ingresos y ahora algunos pagan unos 8 euros al mes, más 30 por la deuda acumulada», según relata el representante vecinal.

Sin embargo, la problemática de las viviendas públicas en este barrio no acaba ahí. Hay unos 3 o 4 pisos que fueron cedidos o vendidos sin permiso por las familias residentes a terceras personas y «el EIGE no ha hecho nada», critica Guerrero.

«Ahora tienen la oportunidad de hacer de San Lorenzo un gran barrio», dice en referencia al plan de actuación previsto por el que se rehabilitarán las viviendas y se reformarán los elementos comunes con un presupuesto de 681.000 euros. En este sentido, reclama al Ayuntamiento de Castelló y a la Generalitat que se haga partícipe de la solución a los vecinos de etnia gitana. Entre otras cuestiones, propone que se incluya como condición a la hora de adjudicar la rehabilitación de los inmuebles la contratación de vecinos del barrio, «jóvenes que no tienen trabajo y que, a veces, se ven abocados a la delincuencia».

Además, plantea crear una comisión de vecinos gitanos que, junto a los responsables de la administración, se encarguen de controlar el censo de viviendas, de manera que «asuman la responsabilidad de sus inmuebles».

Educación y formación

El representante vecinal también reiteró ayer al ayuntamiento la necesidad de concienciar a los padres respecto a la importancia de la educación de sus hijos, una de las principales bazas para atajar el absentismo escolar. Además, incidió en la necesidad de formar a los jóvenes del barrio, que, en su mayoría, carecen de estudios y títulos de capacitación. «Sólo de esta manera tendrán oportunidades en el mercado laboral», insistió Guerrero.

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