14 de enero de 2016
14.01.2016

El juez de Vinaròs amplía hasta los 18 meses la instrucción de la causa Castor

Las diligencias sobre la planta de gas superan los 13.000 folios

14.01.2016 | 11:52

El Juzgado de Instrucción 4 de Vinaròs ha ampliado la instrucción de 6 a 18 meses más en el caso Castoe ante la «complejidad» del proceso, que investiga presuntas irregularidades relacionadas con la tramitación de la concesión de explotación del almacén subterráneo de gas de Castelló, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

La causa, en la que ya han declarado 16 de los 18 investigados (denominación que sustituye al término imputado tras la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal), está abierta por prevaricación medioambiental y delito contra el medio ambiente y los recursos naturales. La instrucción se inició en enero de 2015 y las comparecencias se iniciaron en enero. Han desfilado por los juzgados de Vinaròs nueve exaltos cargos del Gobierno socialista, el presidente de Escal y los integrantes del consejo de administración de la concesionaria ligados a ACS, que tenía el 66 % de participaciones. Faltan declarar dos directivos del socio canadiense minoratorio.

En el auto, el juez explica que el número de imputados, dieciocho, «es a todos los efectos una cantidad lo suficientemente amplia como para adoptar esta decisión», solicitada por el fiscal. Añade que «revisión de la gestión de al menos una persona jurídica, cual es Escal Ugs, es también motivo de declaración de complejidad (324.2. f) LECrim), atendida la consideración de investigada de la misma y de los miembros de su consejo de administración». El instructor de esta causa, que ya ha superado los 13.000 folios, considera además que la complejidad de los delitos investigados exigirá de la "realización de pericias que impliquen el examen de abundante documentación o complicados análisis" que justifican la declaración del "caso Castor" como causa compleja y la ampliación del plazo máximo de instrucción de 6 a 18 meses.

El Gobierno paralizó en octubre de 2013 la actividad de la planta de gas tras una oleada de más de 300 terremotos en el norte de Castelló y sur de Tarragona. Ha indemnizado a la empresa con 1.350 millones, que serán costeados por los usuarios del gas los próximos 30 años.

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