Lo que ha sucedido alrededor del futuro del edificio número 167 de la avenida José Ortiz de Almassora no ha pasado desapercibido entre aquellos que siguen la actualidad municipal de forma diaria. Ni ha pasado desapercibido ni la mayoría cree llegar a entender los cambios repentinos de postura, o lo que para la mayoría es, el intento por parte del equipo de gobierno de mostrar toda la mano izquierda posible durante los primeros meses al frente del ayuntamiento. Sólo así se explica que en tres meses el equipo de gobierno haya manifestado públicamente posturas totalmente opuestas sobre el futuro de un edificio que, todo sea dicho, es propiedad del Consell.
No es fácil marcar una fecha de inicio de los hechos. La problemática del edificio número 167 de la avenida José Ortiz está enquistada en las mentes de los vecinos de la zona desde hace más de una década. La primera asignación de viviendas sociales a los inquilinos que les correspondió inicialmente pronto dejó a la vista de todos que el edificio se había convertido en el punto más importante de venta de sustancias estupefacientes. Además, cualquier vecino de Almassora recuerda a la perfección cómo en cuestión de semanas, el 80 % de las ventanas del edificio fueron tapiadas, con lo que la imagen que desde aquel día se puede observar al final de la avenida José Ortiz es realmente deplorable.
El primer intento fallido de dar solución al conflicto llegó durante la primera semana de 2011, cuando el entonces alcalde de Almassora, Vicente Casanova aseguraba en prensa que: «el año que acabamos de recibir marcará para nuestra localidad un punto de inflexión. Un hito que debe marcar el final de la marginalidad y problemática social que históricamente hemos asociado con el grupo B y cuyos rescoldos todavía permanecían vivos en el edificio, propiedad del Instituto Valenciano de la Vivienda (IVVSA), ubicado en el número 167 de la avenida José Ortiz». No se tumbó, y cinco años después, la polémica ha resurgido con fuerza.
Los vecinos exigen el derribo por el miedo a que se repitan situaciones anteriores. La alcaldesa Susanna Nicolau defiende que siempre «estaremos al lado de los vecinos, escuchando su opinión, pero hay que recordar que el edificio es propiedad del Consell». Y el Partido Popular ha llevado hasta les Corts una enmienda para el derribo que fue tumbada por el resto de partidos.
En el pleno municipal del mes de octubre todos los partidos votaron de forma unánime la petición de derribo. Apenas una semana después, tuvo que ser la prensa quien destapara el acuerdo entre el consistorio y la Generalitat para rehabilitar el edificio por un valor de 1,7 millones de euros. Tras la solicitud de explicaciones públicas por parte de la oposición, Nicolau declaró que se «trata de un ejercicio de responsabilidad política. No podemos dejar pasar la oportunidad de recibir 1,7 millones de euros para un edificio que no es de nuestra propiedad».
Desacuerdos
La asociación de vecinos de Fátima anunció protestas públicas y, como se aseguró en una reunión extraordinaria, «no dudaremos en ir hasta Valencia para reclamar el derribo». Pero la reunión que hace un mes tuvo lugar en el consistorio entre la Comisión de Seguimiento del ayuntamiento, la Directora General de Infraestructuras de la Generalitat, Blanca Marín, y varios vecinos pareció aplacar las urgencias de éstos. Desde Infraestructuras se les informó sobre la obligatoriedad de construir viviendas en el mismo inmueble y sobre el documento firmado por la alcaldesa y el Consell para que la rehabilitación fuera la opción elegida.
En el pasado pleno ordinario correspondiente al mes de enero, el Partido Popular volvió a presentar una moción de reprobación a la alcaldesa que también incluía una renegociación del edificio. Ante la sorpresa de muchos, los populares retiraron de la moción el punto de la reprobación a Nicolau, y la respuesta del equipo de gobierno aún fue menos esperada. Votaron a favor de renegociar la rehabilitación cuando dos semanas antes había quedado claro y meridiano que desde el Consell el derribo está descartado.
Por tanto, y haciendo un pequeño repaso de los vaivenes, el equipo de gobierno ha cambiado hasta tres veces de opinión, mientras que la oposición está dividida entre la voluntad vecinal y un pasado en el que tiempo tuvo para buscar una solución que jamás se llevó a cabo.
Así, parece que en el conflicto del futuro del inmueble número 167 de la Avenida José Ortiz no ha escrito su último capítulo. A principios del próximo mes, de nuevo Blanca Marín se reunirá con los vecinos y la comisión de seguimiento para intentar afrontar de forma definitiva el final de una película que ha causado pesadillas a todos los actores implicados.
