El problema de la vivienda se ha ido transformando con el avance de la crisis: si en una primera fase eran habituales los desahucios por ejecuciones hipotecarias, en la actualidad han crecido los desalojos por ocupación ilegal de viviendas, según advierte la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Castelló (PAH).
La falta de una alternativa habitacional, tras perder la batalla legal con los bancos, ha abocado a algunas familias a ocupar viviendas de manera ilegal ante la dificultad de acceso a pisos sociales de la Generalitat o el ayuntamiento. De esta manera, toman una vía de urgencia que les lleva a otro callejón sin salida, puesto que se exponen al desalojo por parte del banco o de la empresa propietaria del inmueble.
«El nivel de ocupación de viviendas en Castelló es bestial», asegura la portavoz de la PAH, María Jesús Garrido. Aunque no han elaborado un recuento del número de familias afectadas, atestigua que la ocupación ilegal ha aumentado en la provincia. Lo que antes era una práctica minoritaria que se achacaba, fundamentalmente, a los denominados grupos antisistema, ahora es una medida desesperada a la que recurren castellonenses que se han quedado sin recursos y sin techo. Se trata de un problema detectado por la PAH desde hace meses, pero que ha saltado a la palestra tras la ocupación por parte de cinco familias de un edificio de viviendas de la calle Gran Vía Tárrega Monteblanco de Castelló a finales de diciembre.
Más casos
En esta situación se encuentran otras tres familias, dos en Castelló y una en Orpesa, que ocuparon sendas viviendas de Bankia. La PAH negocia con la entidad alquileres sociales, pero de momento no han alcanzado un acuerdo. Una de las familias afectadas, con dos niños entre sus miembros, recurrió a la dación en pago de su piso y ante la falta de una vivienda alternativa, lleva dos años instalada de manera ilegal en un inmueble del banco que ya había sido ocupado con anterioridad. «Faltaban puertas y grifería, estaba totalmente destrozado cuando llegaron y ellos lo han rehabilitado, ahora está en buenas condiciones y, además, la familia cuenta con el apoyo de la comunidad de vecinos», relata Garrido. Sin embargo, recientemente han recibido una orden de desahucio y tras recurrir al juzgado, éste les ha dado varios días de plazo para aportar la documentación de los Servicios Sociales que acredite su situación. En los otros dos casos de ocupación ilegal, Bankia no ha iniciado ningún procedimiento legal, según explica la PAH, pero aunque la negociación de un alquiler social ha sido, de momento, infructuosa.
