La Comisión Europea (CE) ha pedido información al Gobierno español sobre la indemnización de 1.350,7 millones de euros otorgada a la concesionaria Escal UGS, controlada por ACS, por el cierre temporal del almacén de gas natural Castor, situado frente a las costas de Vinaròs. «Estamos en contacto con las autoridades españolas sobre esto. Nuestro análisis está en curso. No podemos prejuzgar el resultado en estos momentos», dijo ayer a Efe el portavoz comunitario de Competencia, Ricardo Cardoso. Se trata de un paso preliminar en el análisis de la Comisión Europea, que permitirá determinar si la indemnización supone ayudas de Estado y si éstas se ajustan o no a la normativa comunitaria. Si no cumplieran las reglas de la Unión Europea (UE), el Estado español podría tener que recuperar el monto. El almacén se encuentra cerrado desde finales de 2013, tras la oleada de seísmos registrada frente a la costa norte de la provincia de Castelló. Escal UGS recibió a finales de 2014 los 1.350,7 millones de indemnización fijados por el Gobierno por la paralización del proyecto.
