La decisión de la diputación de suprimir el descuento a los parados en la Piscina Provincial afectará a unos 3.000 usuarios al año, según la empresa Aiguagest, concesionaria de las instalaciones. El gobierno de la diputación insiste en que se ve forzado a eliminar la bonificación porque los técnicos han advertido de que puede incurrir en competencia desleal. Sin embargo, el Ayuntamiento de Castelló mantiene los descuentos para los desempleados en sus tres piscinas municipales, con la diferencia de que son de gestión pública.
El gerente de Aiguagest, Cándido Carvajal, admitió su «despago» por la inesperada decisión de la diputación de retirar la ayuda a los parados. «Ahora nos toca dar explicaciones, porque los clientes creen que es una decisión nuestra cuando no es así», apuntó.
La institución provincial aportaba el dinero de forma indirecta, renunciando a parte del canon anual de 66.000 euros que le paga la gestora. La empresa también participaba en la «cuota desempleo» asumiendo 10 euros del descuento. Como consecuencia, los parados podían acceder a la Piscina Provincial abonando 19,9 euros al mes, frente a la tarifa estándar de 47 euros.
La diputación elimina su aportación, pero Aiguagest seguirá aplicando bonificaciones a los parados, a los que ofrecerá una cuota mensual de 39 euros. Además, podrán entrar a cualquier hora, sin las limitaciones de la «cuota desempleo». La empresa ha dado de plazo hasta el próximo día 15 para que los usuarios dispongan de margen.
La decisión de la diputación contrasta con la del Ayuntamiento de Castelló, que mantiene los precios reducidos para desempleados. Al respecto,el diputado provincial de Deportes, Luis Martínez, señaló que son casos distintos porque la Piscina Provincial está regida por una empresa, «con lo puede considerarse como una ayuda pública a una entidad privada que altera la competencia».
Las reacciones en contra de la decisión de la diputación siguen sucediéndose. El líder vecinal Amalio Palacios anunció ayer su intención de llevar el tema al Consejo de Participación Ciudadana de la diputación. «Entendemos que los parados han de mantener el derecho a disfrutar de unas instalaciones que hemos pagado entre todos. La diputación no está solo para apoyar el deporte de elite, sino también a la gente que está pasando estrecheces económicas».
Por su parte, Castelló en Moviment y Ciudadanos solicitaron el informe técnico que justifica la medida impopular. La respuesta fue que dicho informe no existe, aunque está en fase de elaboración. La portavoz de C´s, Cristina Gabarda, pidió al Gobierno de Javier Moliner «que deje de poner excusas y de jugar al despiste para no hacerse cargo de las ayudas de la piscina».
