El colectivo de enfermería de Castelló sigue en pie de guerra a causa del Real Decreto de Dispensación de Medicamentos y Productos Sanitarios promulgado el pasado mes de diciembre. La normativa obliga a estos profesionales sanitarios a realizar entre 180 y 360 horas de formación -en función de si son generalistas o especialistas- para poder recetar los medicamentos que cualquier ciudadanos se puede comprar en la farmacia sin prescripción médica. Una medida que, consideran, menoscaba su autonomía profesional y supondrá el colapso de los servicios sanitarios, ya que se precisará la supervisión del facultativo para cualquier atención rutinaria. Ante esta situación, el Colegio de Enfermería de Castelló, junto al consejo autonómico del gremio, ha decidido impugnar el decreto en los tribunales a través de un contecioso-administrativo.

«Lo que impone esta normativa es como decir que tenemos menos formación que cualquier ciudadano de a pie o que un farmacéutico, que puede dispensar un jarabe o unas pastillas sin prescripción del médico cuando nosotros tenemos que realizar un curso específica para poder recetarlo», lamentó ayer el presidente del colectivo en Castelló, Francisco Pareja.

Según explicó, el decreto recorta la autonomía de los profesionales sanitarios, puesto que la prescripción de medicamentos es parte de su rutina laboral. «Cuando curamos úlceras, por ejemplo, solemos recetar determinados fármacos para su tratamiento y con esta normativa no lo podríamos hacer si no lo autoriza un médico», señala el representante de los colegiados. A su juicio, no sólo supone un recorte de la autonomía profesional para el colectivo, sino el colapso del sistema sanitario, puesto que los facultativos tendrían que asumir tareas que ahora realizan los servicios de enfermería.

Ante esta situación, además de recurrir el decreto, el colegio oficial ha pedido a la Conselleria de Sanidad que elabore una normativa para dar seguridad jurídica al colectivo y que pueda seguir desempeñando su trabajo sin exponerse a una sanción. Con este fin ha solicitado también informes técnicos a sus servicios jurídicos y a la Universitat Jaume I para medir el alcance del decreto y aconsejar a los profesionales sobre cómo deben actuar en materia de prescripción de fármacos. «En ningún caso los enfermeros dejarán de dispensar medicamentos, vacunar o hacer curas», pero nececesitan un texto legal que les respalde, indicó Pareja.