La empresa pública dedicada a la construcción de infraestructuras educativas Ciegsa, ahora investigada en el marco de la operación Taula, realizó un total de 95 centros en la provincia de Castelló entre 2001 y 2012, de los cuales 82 registraron sobrecostes. En algunos casos la desviación entre el precio de adjudicación y el coste final de la obra fue millonaria. De hecho, 20 de los colegios e institutos construidos superaron el 30 por ciento del importe inicial o lo sobrepasaron en más de un millón de euros.
Uno de los casos más sangrantes es el del Centro de Tecnificación Deportiva de Vila-real. Se adjudicó a una UTE de Lubasa y Ocide por un importe de 19,6 millones de euros y la obra acabó costando 8,4 millones más, lo que supone un 43 por ciento de sobrecoste. La instalación proyectada en 2006, bajo el mandato del conseller Alejandro Font de Mora, ya estuvo en el punto de mira cuando se descubrió que la segunda fase del proyecto ni siquiera se había sacado a concurso público, y que la adjudicación se realizó por procedimiento negociado sin publicidad, es decir, a dedo. Una práctica que mereció en su día el reproche de la Sindicatura de Comptes.
Después del Centro de Tecnificación Deportiva los mayores sobrecostes se dieron en el IES Llombai de Borriana, adjudicado por 7 millones y con un coste final de 11,6; el IES Politécnico de Castelló, que pasó de 8,8 millones iniciales a 11,8; y el CP Alto Mijares de Montanejos, que es con diferencia el que mayor desviación relativa registra, al alcanzar un 226 por ciento de sobrecoste en una obra inicialmente proyectada en 1,1 millones de euros que pasó a costar 3,7.
Deficiencias en las obras
Los incrementos del precio que experimentaron estas actuaciones respecto a los importes de adjudicación supusieron un total de 50 millones de euros en el mapa escolar de la provincia de Castelló, pero el dispendio es mucho mayor si se tiene en cuenta que algunos de estos centros tuvieron que ser reparados por los ayuntamientos una vez recepcionada la obra porque presentaban deficiencias considerables.
Es el caso del colegio de infantil y primaria Errando Vilar de Almassora, cuyo coste final para Ciegsa fue de 3,8 millones de euros (1,1 millones más de lo previsto inicialmente). Una vez terminada la construcción, el consistorio tuvo que asumir trabajos de reparación de la fachada para evitar despredimientos, unas deficiencias que el secretario local de Compromís Almassora, Carlos Rubert, califica de «vergonzosas». «Los vecinos han tenido que hacer frente, con sus impuestos, a numerosas reparaciones», señala. De hecho, la alcaldesa, Susanna Nicolau, ha solicitado a la actual dirección de la Conselleria de Educación el aislamiento del gimnasio, que cuenta con unas aberturas no protegidas en la parte superior, un defecto que fue trasladado a los anteriores responsables de la conselleria. Se pidió su su subsanación en numerosas ocasiones, pero sólo se obtuvo la callada por respuesta, según Rubert, quien lamenta que los vecinos de Almassora hayan pagado «doblemente los excesos del PP».
