El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, ha abierto una investigación sobre la situación del personal funcionario del Hospital Provincial de Castelló a instancias de CC OO. Según denuncia la sección sindical, no se cubren las bajas de los empleados públicos ni las jubilaciones desde septiembre de 2014, lo que obliga a los trabajadores a hacer un exceso de jornada sin compensación y provoca una merma en la calidad del servicio. Esta situación afecta sólo a los funcionarios, unos 500 en total, ya que las bajas del personal laboral sí se cubren.
El sindicato, que remitió su queja al órgano autonómico el pasado 13 de enero, explica en su escrito que los problemas surgieron a raíz de la ley de racionalización del sector público, cuya disposición adicional «imposibilita automáticamente la contratación de personal funcionario, tanto en la provisión de la oferta pública de empleo como en la sustitución ordinaria de personal». Esta situación, según CC OO, «ha llevado el esfuerzo de la plantilla a la sobrecarga de quienes, en un ejercicio de responsabilidad profesional, han estado cubriendo durante meses las ausencias del personal funcionario», independientemente del motivo de las bajas y de su duración.
La sección sindical denuncia que este hecho «ha venido a generar un exceso de jornada laboral que la empresa no puede compensar dado que no dispone de recursos humanos suficientes para ello sin afectar a la prestación del servicio». Además, tampoco se cubren las jubilaciones que CC OO cifra en 14 en el año 2015 y en 11 las previstas en 2016.
A todo ello se suma «la enorme asfixia económica» por parte de la Conselleria de Hacienda, que no autoriza contrataciones en el Hospital Provincial de Castelló «desde hace meses».
Merma asistencial
A juicio del sindicato, esta situación causa una «inevitable disfunción en la prestación pública de servicios sanitarios, comprometiendo así la protección de uno de los derechos fundamentales de las personas como es la salud». «La conclusión -señala el escrito- es que se está produciendo un grave e inadmisible detrimento de la asistencia sanitaria pública en el Consorcio Hospitalario Provincial de Castelló», a lo que se suma «la vulneración de derechos laborales».
CC OO asegura, además, haber remitido diferentes escritos a la Dirección General de Asistencia Sanitaria y a la Dirección General de Recursos Humanos y Económicos de la Conselleria de Sanidad Universal para tratar de resolver estos problemas, pero hasta la fecha no ha obtenido respuesta.
Por ello, pide al Síndic de Greuges que inste al departamento de Carmen Montón a «corregir una clara realidad en la que se denotan perjuicios en varios ámbitos del derecho social». En primer lugar, alega que se está desprotegiendo el derecho a la salud por «una insuficiencia en la dotación de recursos» y acusa a la administración sanitaria de una «dejación de funciones» por el trato «discriminatorio» que recibe el personal funcionario del consorcio «aun teniendo la misma consideración de empleado público». En este sentido, asegura que se ha trasladado a la plantilla «la responsabiidad de mantener la prestación de servicios en algunos casos llegando a deteriorar, si no vulnerar, su derecho a la conciliación de la vida laboral y familiar».
El Síndic de Greuges, por su parte, en un escrito fechado el pasado 28 de enero, informó de que ha admitido a trámite la queja CC OO y, además, ha solicitado un informe a la administración afectada.
La organización sindical considera que para suplir las carencias a nivel de personal funcionario en el Hospital Provincial de Castelló sería necesaria la contratación de unos 50 trabajadores, «teniendo en cuenta los excesos de jornada que se han registrado en 2015 por ausencias o permisos especiales y las jubilaciones que no se han cubierto». Además, CC OO recuerda que los funcionarios del consorcio provincial no pueden pedir el traslado a otros centros de la red sanitaria, como los trabajadores públicos del resto de hospitales, debido a su relación jurídica especial, al depender de dos administraciones, la conselleria y la diputación.
