Hace justo tres años el PSOE y el PP, con Mariano Rajoy al frente del Gobierno, pactaron una Ley de Base de Régimen Local que suponía suprimir las cerca de 1.000 mancomunidades de municipios que hay en territorio nacional y potenciar el papel de las diputaciones. Antes, en 2012, el Partido Popular incluso se mostró partidario de fusionar los ayuntamientos con menos población, algo que asumieron partidos como Ciudadanos en la pasada campaña de las elecciones generales.
La historia, ahora, ha dado un giro de 180 grados, al menos en lo que se refiere a la Comunitat Valenciana, donde el gobierno que comparten PSPV y Compromís tienen una clara hoja de ruta: dejar las diputaciones en la mínima expresión y dar más fuerza a unas mancomunidades que estaban casi enterradas.
Antoni Such, director general de Administración Local de la Generalitat, dio ayer en Castelló dos pinceladas de este respaldo a las mancomunidades: la Generalitat tiene prevista una partida de 600.000 euros para ayudar a las entidades supramunicipales a soportar los gastos corrientes y, por otro lado, ya se trabaja en crear la primera Ley de Mancomunidades, que «dará un paso fundamental para la coordinación de los municipios para prestar servicios conjuntos».
La otra cara de la moneda serán las diputaciones provinciales, hasta el punto de que el director general dejó claro que «hay que mermar sus capacidades».
Such analizó todos estos aspectos en una reunión que mantuvo ayer en Castelló con los representantes de las ocho mancomunidades de la provincia -Taula del Sénia, Plana Alta, Alto Palancia, Castelló Nord, Els Ports. Baix Maestrat, Espadán-Mijares y Alt Maestrat-, a quienes pidió «colaboración para que aporten propuestas para la futura ley, que esperamos estén lista para su debate en las Corts este primer semestre».
Antoni Such insistió que para la Generalitat el futuro pasa por las mancomunidades «y el asociacionismo municipal», pues si los pueblos se agrupan la hora de dar determinados servicios «puede suponer sin duda un ahorro económico y una racionalización de la administración». El director general, que subrayó que la Generalitat se opone de forma rotunda a la supresión de ayuntamientos que planteó en su momento el Partido Popular, consideró que lo ideal sería que las mancomunidades tuviesen un ámbito de actuación similar a las comarcas naturales de cada provincia, aunque eso de momento está en un segundo plano.
Sobre cómo quedan las diputaciones si se refuerzan las mancomunidades, Antoni Such insistió ayer en que hay que acometer la «reordenación del papel de las diputaciones, porque debemos tener claro que el dinero que manejan les llega directamente de los ayuntamientos, y a veces ese dinero no vuelve directamente a esos ayuntamientos sino que se lo quedan para hacer actuaciones que no son competencia suya, y eso no puede ser».
La Generalitat trabaja por ello en «coordinar aquellas políticas en la que se puede trabajar con las diputaciones, como aspectos de turismo o deportes, pero siempre pensando en que una diputación no puede ser una Generalitat provincial y que su papel debe ser, en definitiva, residual y subsidiario», concluye Antoni Such.
