El G-8 municipal planta cara al gobierno de la diputación por dejar fuera del Plan de Obras y Servicios (POYS) de 2016 a las ciudades de más de 20.000 habitantes, que absorben al 68 % de la población provincial. Los alcaldes agraviados suscribieron ayer un manifiesto de protesta exigiendo una rectificación. El ejecutivo de Javier Moliner dio parcialmente marcha atrás al anunciar una modificación del POYS, pactada con Compromís, para que también puedan acogerse a las ayudas las pedanías y núcleos diseminados de los grandes municipios.
El gobierno provincial hizo pública su nueva propuesta dos horas antes de la reunión de los alcaldes de las poblaciones inicialmente excluidas del POYS: Castelló, Vila-real, Borriana, Onda, Vinaròs, Benicarló, la Vall d´Uixó y Almassora. Los munícipes mantuvieron la firma del manifiesto, que incide en que la diputación ha actuado con criterios partidistas en el reparto de fondos públicos, ya que el PP no gobierna ninguno de los grandes ayuntamientos. El documento lleva por lema «135 identitats, una província única», el mismo que acuñó el presidente Moliner para la diputación y que los autores del manifiesto han tomado para denunciar la discriminación. Según señalan, el «agravio es aún mayor cuando se compara con otras diputaciones, como por ejemplo la de Alicante, gobernada también por el PP, que no hace distinciones entre vecinos y no excluye a ningún municipio ni ciudad».
La revuelta la ha liderado el alcalde de Vila-real y portavoz del PSPV en la diputación, José Benlloch, quien rechazó por insolvente la contraoferta del PP de incluir en el reparto de ayudas a las pedanías y núcleos diseminados de las grandes ciudades. «¿A partir de cuántas casas se puede hablar de un núcleo diseminado ? El equipo de gobierno trata a última hora de corregir su propuesta porque sabe que se ha equivocado», aseveró Benlloch.
«El único núcleo diseminado de Vinaròs es el Castor», ironizó el alcalde podemita de esta localidad, Enric Pla, quien consideró que la propuesta de última hora del ejecutivo «roza el ridículo». En la misma línea, la alcaldesa de Benicarló, Xaro Miralles, señaló que en su municipio no hay ningún núcleo poblacional que se ajuste a la categoría de «diseminado».
Las alcaldesas de Borriana y la Vall d´Uixó coincidieron en señalar que la solidaridad con los pueblos pequeños no puede pasar por discriminar a los grandes, que son los que más colaboran con la diputación a través de los impuestos.
El gobierno se defiende
El vicepresidente provincial y portavoz del grupo popular, Vicent Sales, defendió el acuerdo alcanzado entre el PP y Compromís para incluir a pedanías y a núcleos diseminados de población, «con lo cual todos los municipios de más de 20.000 habitantes que en un principio quedaban fuera de los POYS van a poder verse beneficiados».
Sales explicó que «si en años anteriores ocurría que los municipios más grandes se acogían al rango superior por población en los POYS, viéndose beneficiados con 40.000 euros, ahora lo harán por cantidad de pedanías y núcleos diseminados, de forma que si tiene tres, por poner un ejemplo, podrán verse beneficiados con 60.000 euros. Es decir, que los municipios más grandes de la provincia se van a beneficiar más de los POYS gracias a estas novedosas bases».
