El Partido Popular del Ayuntamiento Castelló amenazó ayer con llevar a los tribunales al equipo de gobierno si continúa vertiendo «acusaciones infundadas» con la gestión de fiestas del anterior mandato.
El grupo municipal manifestó en un comunicado «su profundo malestar ante las reiteradas acusaciones por parte de miembros del equipo de gobierno bipartito en relación a la gestión en materia festiva de los anteriores gobiernos del Partido Popular». Consideró «intolerables las alusiones a una supuesta discrecionalidad con la que actuaban los anteriores concejales del PP hechas por el vicealcalde nacionalista, Enric Nomdedéu, así como por la concejala socialista Sara Usó, a lo largo de las últimas semana».
Estima que «estas acusaciones son propias de quien busca desesperadamente culpables para esconder su propia incompetencia» e insta al bipartito «a trabajar por el bien de los vecinos y de los entes festeros para que la Magdalena de 2016 sea un éxito».
Los populares sostienen que «han mantenido hasta el momento un prudente silencio por respeto al esfuerzo y al trabajo desinteresado que está desarrollando la Junta de Festes y con el objetivo de no entorpecer el desarrollo del mismo». En cualquier caso, añade «se reserva el derecho a emprender acciones legales si persisten las acusaciones infundadas.
Los munícipes del PP lanzan esta advertencia al ejecutivo local a colación de la polémica generada con el cobro de tasas de ocupación de vía pública a collas y gaiatas por el montaje en la vía pública de carpas y de escenarios. En años anteriores los entes festeros se salvaban de de este pago, según han admitido. El gobierno municipal sostiene que la normativa vigente les obliga a pasar la tasa en entidades festeras. El vicealcalde, Enric Nomdedéu, afirmó dos semanas atrás que de cara a 2017 el ayuntamiento pretende establecer unos criterios objetivos en la ordenanza de vía pública para que el pago de este gravamen no dependa de la interpretación del consistorio. Según señaló, los populares actuaron en el pasado mandato con «discrecionalidad» en esta materia, «en función de lo que creían que podía beneficiar a la ciudad». La concejala de Fiestas justifica el cobro de la tasa por el cumplimiento de la legalidad. Estas declaraciones han enervado al PP, que considera que se insinúa que suel anterior gobierno hizo caso omiso de la ley en fiestas.
