El pleno ordinario del mes de febrero en el Ayuntamiento de Borriana sirvió para que no se admitieran y se desestimaran los recursos de reposición presentados por los vecinos de Sant Gregori contra el acuerdo que el consistorio tomó el pasado 23 de julio sobre el proyecto de reparcelación de la zona. Después de que el pasado mes de mayo de 2015 el pleno se pusiera de acuerdo para aplicar una rebaja del Impuesto de Bienes Inmuebles en las zonas no desarrolladas urbanísticamente, la medida se anuló a penas dos meses después, por lo que los afectados presentaron los recursos pertinentes.
Ayer, los votos a favor del equipo de gobierno desestimaron de forma definitiva las alegaciones vecinales. Precisamente algunos de los que, en su momento, presentaron los recursos ante la decisión del ayuntamiento, estuvieron presentes en el desarrollo del pleno, mostrando en más de una ocasión el descontento y el enfado por una decisión que, según comentaba uno de ellos durante el pleno, «no es justo y creemos que se debería reflexionar sobre las zonas que no se han desarrollado y el posterior pago del IBI que creo desmesurado y no está acorde con lo que ha pasado en Sant Gregori».
Desde la oposición, el portavoz de los populares, Juan Fuster, criticó con dureza la decisión tomada por parte del equipo de gobierno. Tal y como ya había manifestado con anterioridad, Fuster lamentó que «en la primera oportunidad que hemos tenido para poder aplicar la medida fiscal que aprobamos en mayo, los tres partidos de la coalición, sin contar con el resto de la corporación, han decidido rechazarla de forma unilateral. Creo que lo mínimo hubiera sido contar con todos los grupos políticos representados aquí». Además, Fuster también anunció que «exigiremos la aplicación de la reducción del IBI a estos titulares» y también añadió que «esta medida se aprobó con el respaldo de todas las fuerzas políticas» hace menos de un año.
Además, el pleno celebrado ayer también supuso la aprobación de los criterios objetivos para la asignación del complemento de productividad a las personas empleadas públicas del Ayuntamiento de Borriana, pese al desacuerdo que parte de la oposición también mostró en esta aprobación.
El popular Safont manifestó que «puede que sea legal utilizar los complementos de productividad para las sustituciones, pero no lo vemos del todo ético». Mientras que el representante de Cibur, A. Sánchez, manifestó que "no se puede realizar una sustitución en forma de complemento de productividad. Parece que en realidad lo que quieren es blindar las libres designaciones». También se aprobó la creación del Consell sectorial de Comerç y se apoyó el BIC para Les Normes de Castelló.
