El diputado del PSPV-PSOE por Castelló, Artemi Rallo, pidió ayer a la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, que renuncie a su cargo y «asuma» su responsabilidad por la presunta «financiación ilegal» de la campaña electoral municipal que ésta realizó en 2011 para ser reelegida alcaldesa de La Vall d'Uixó.

El parlamentario socialista hizo referencia así a una información en la que se indica que dicha campaña electoral municipal que realizó Bonig fue sufragada en parte por una empresa de servicios que un año antes había logrado una contrata de alumbrado público. Además, se apunta que el presidente local del partido, el exsenador Vicent Aparici, negoció con un responsable de la adjudicataria para que asumiese el coste del proyecto web del PP de La Vall con un gasto «mínimo» para los populares.

Artemi Rallo calificó de «vergonzoso» el «nuevo escándalo» del PP y señaló que «otra vez se repite el mismo modus operandi, y una administración gobernada por el Partido Popular facilita contratos a una empresa y ésta indirectamente le financia gastos electorales».

Tras conocerse este hecho, el diputado socialista manifestó que «Bonig, igual que otros tantos dirigentes de su partido, debería renunciar a su cargo, asumir su responsabilidad y ofrecer a los ciudadanos una conducta ejemplar que le están demandando tras conocerse, especialmente en las últimas semanas, tantos escándalos de corrupción que están afectando al ámbito valenciano, al Ayuntamiento de Valencia y desgraciadamente también a la provincia de Castellón y, en particular, al Ayuntamiento de la Vall d'Uixó»

El diputado autonómico y secretario general de Podem por Castelló, César Jiménez, indicó por su parte que «Bonig está incapacitada para regenerar el PP, debería dejar paso a nuevas generaciones y alejarse del poder para limpiarse». Jiménez añadió que «el Partido Popular está deslegitimado para continuar en el poder. E Isabel Bonig, por acción u omisión, tampoco acabó con la corrupción en los espacios de decisión por los que ha pasado. Al contrario, ha situado a su discípulo, Óscar Clavell, en el Congreso, en condición de aforado, cuando ya tenía un proceso en marcha por malversación y prevaricación».

Un caso administrativo

En cuanto al caso del exalcalde de la Vall y diputado por Castelló en el Congreso, Óscar Clavell, quien ha sido procesado por los presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude y exacciones ilegales por autorizar en 2010 el pago de facturas por más de 700.000 euros, el portavoz parlamentario del PP, Rafael Hernando, quiso ayer dejar claro que no está siendo investigado por corrupción, pero, en todo caso, ha recalcado que tendrá que dimitir si se le abre un juicio oral. «No es un caso de corrupción, sino una situación de discrepancias con un informe de un técnico del ayuntamiento en relación con unos pagos. No es un caso de corrupción, sino un caso administrativo», remarcó Hernando en rueda de prensa en el Congreso al ser preguntado por este caso.

El dirigente popular señaló que Clavell ya ha dado explicaciones sobre este asunto y apuntó que «tiene hasta siete sentencias que le dan la razón» y, aún así, avanzó que si el proceso sigue adelante, presentará su dimisión. En todo caso, Hernando llamó a intentar ser «justos» y «razonables» con el procedimiento judicial.