El carrusel judicial del PP valenciano no cesa. A todos los escándalos en que está inmerso se suma mañana el inicio del juicio a Francisco Martínez, quien fuera vicepresidente primero de la Diputación de Castelló y uno de los puntales del PP en esta provincia, sobre todo en la época de Carlos Fabra, de quien fue mano derecha. La Sección Segunda de la Audiencia Provincial va a juzgar a Martínez por los posibles delitos de corrupción vinculados a la expropiación de un solar de su propiedad para construir la depuradora de Borriol. La primera sesión se celebra mañana y junto a Martínez ocuparán el banquillo otras cinco personas, entre ellas, el exalcalde popular de Borriol Adelino Santamaría.
Sobre ellos pesan las acusaciones de prevaricación, tráfico de influencias, fraude ilegal y negociaciones prohibidas. La Fiscalía solicita para Martínez cuatro años de cárcel y 29 de inhabilitación, mientras que para Adelino Santamaría pide penas que suman tres años de prisión. También están acusados los dos hijos de Francisco Martínez, el empresario Raúl Babiloni (amigo y socio de Martínez) y el empleado de éste Luis García del Campillo.
El caso que sienta al exmandatario popular en el banquillo arrancó con la denuncia pública del grupo municipal de Compromís de Borriol al detectar que la depuradora impulsada desde el área de infraestructuras de la diputación, dirigida por el propio Martínez, iba a ejecutarse sobre terrenos de la familia de éste (titular de la empresa Franvaltur) y de su socio Raúl Babiloni. Compromís dio la voz de alerta justo antes de que el pleno del ayuntamiento aprobara la compra del solar, lo que obligó al gobierno municipal del PP a paralizar la operación. El proyecto implicaba la recalificación y revalorización del suelo expropiado. De haberse llevado a cabo, habría supuesto que Martínez ingresara 50.000 euros por unos terrenos valorados en 3.000.
La Fiscalía intervino en el caso a través de una querella, al apreciar delitos de prevaricación, tráfico de influencias, fraude ilegal y negociaciones prohibidas. El fiscal instructor incidió en los esfuerzos del exvicepresidente de la diputación (y exalcalde de Vall d'Alba) para que su nombre no apareciera en el proceso, con la colaboración de su socio Raúl Babiloni. También subrayó que el entonces alcalde de Borriol, Adelino Santamaría, tenía «perfecto conocimiento» de quién era el propietario del solar.
El escándalo de la depuradora llevó al presidente provincial del PP y de la diputación, Javier Moliner, a relegar a Francisco Martínez, quien tuvo que dejar la política tras las pasadas municipales. El proyecto de la depuradora de Borriol se canceló.
