Nueve meses después de la toma de posesión del equipo de gobierno que actualmente está al frente del Ayuntamiento de Almassora, las consecuencias de las actuaciones municipales durante la legislatura anterior siguen costando dinero a las arcas públicas. En esta ocasión, la concejalía de Hacienda de Almassora ha confirmado que utilizará un total de 177.922 euros procedentes del remanente de 2015 para costear los honorarios que los abogados defensores del consistorio durante el juicio por la expropiación de terrenos de la avenida Generalitat.
El concejal del área económica del consistorio almazorense, Roger Beltrán, confirmó ayer mismo que el total del remanente procedente del pasado año 2015 supera los 3,5 millones de euros, por lo que el pago por los servicios de abogacía se podrá financiar de ese dinero sobrante que no se acabó invirtiendo durante el pasado año. Beltrán se mostró ayer esperanzado en que «este sea el último de los pagos heredados a los que tengan que hacer frente los ciudadanos de Almassora con sus impuestos».
El caso de expropiaciones de los terrenos cercanos a la actual avenida Generalitat tuvo lugar en Almassora hace ahora casi veinte años. Con la aprobación en aquel momento del Plan Especial de Reserva de Suelo se acabaron construyendo algunos edificios de gestión municipal como el IES Vila-Roja, la residencia de la tercera edad, o la actual piscina municipal. El proceso de expropiaciones de terrenos llegó hasta los tribunales después de que algunos de los propietarios denunciaran lo que para ellos eran pagos insuficientes por sus parcelas.
Estos últimos 180.000 euros suponen una de las minutas más costosas para el Ayuntamiento de Almassora en los últimos años, ya que tan sólo corresponde a la última parte del proceso judicial, la que se refiere al recurso contencioso administrativo y el recurso de casación.
Tal y como se indicó desde el departamento de Urbanismo y en palabras de la responsable del área, Carmina Martinavarro, «hemos recibido un total de tres facturas , el pago de las cuáles hubiera podido revertir en mejoras para todos los vecinos, pero debido a la pésima gestión del proceso judicial, se irán para pagar a los abogados».
Los representantes del departamento de economía llevarán hasta el próximo pleno ordinario del mes de marzo un expediente de modificación de créditos que ya reflejará la financiación de la partida para realizar los pagos de las últimas facturas pendientes para el consistorio por los gastos de abogacía y algunos otros todavía por cerrar.
Políticas de ajuste fiscal
Desde la concejalía de Hacienda se quiso remarcar que gran parte del remanente del pasado 2015, que supera en más de medio millón de euros al de año anterior, se debe en gran parte a las diferentes políticas de ajuste fiscal que el Ayuntamiento de Almassora ha implantado para las grandes empresas que operan en el municipio, y que ha permitido recaudar fondos a través de la revisión del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE). Además, también destacaron desde la concejalía que la actualización de muchos de los pagos pendientes de la Generalitat Valenciana permitirá a Almassora disponer de mayores fondos para el presupuesto asignado a 2016.
Con este pago correspondiente a la última de las etapas del proceso judicial, Almassora espera poder dar carpetazo a una denuncia vecinal que se arrastraba desde casi veinte años. En aquel momento, todos los partidos representados en el pleno municipal votaron a favor de la propuestas. Hoy, deberán volver a aprobar los pagos por representación de los abogados por una expropiación de terrenos que en su momento los vecinos calificaron de «auténtica estafa» o de «indecencia para un Ayuntamiento que ha engañado a sus vecinos».
