La estrategia de defensa de Francisco Martínez, consistente en presentarse como un político que votaba y firmaba proyectos a ciegas, fue contrarrestada ayer por el testimonio de técnicos de la diputación, que revelaron que había reuniones previas en que se daba cumplido detalle de las actuaciones antes de someterlas a ratificación, como fue el caso de la depuradora de Borriol.
La tercera jornada del juicio del caso de la depuradora -que tiene como principales acusados al exvicepresidente primero de la diputación Francisco Martínez y al exalcalde de Borriol Adelino Santamaría- deparó la declaración de nueve testigos, la mayoría funcionarios de las administraciones que participaron en el proyecto. Destacó la del oficial mayor de la diputación, quien dijo «suponer» que Francisco Martínez «tenía conocimiento de lo que firmaba», como máximo responsable del área de infraestructuras, en cada una de las fases de tramitación de la depuradora.
En la misma línea se pronunció el jefe de planificación de la institución provincial. Paradójicamente, lo hizo a preguntas de la abogada de Francisco Martínez, quien pretendía arrancar del funcionario una declaración constatando que los políticos se limitan a aprobar todo aquello que les presentan los técnicos. Sin embargo, la respuesta fue la contraria. Según manifestó, cuando un proyecto se somete a aprobación «previamente se ha despachado» con los diputados, «al menos con los del área». Antes de ratificarse, recalcó, «se han hecho 20 reuniones y conocen las características».
El testimonio de estos dos técnicos supone un torpedo a la línea de defensa de Francisco Martínez y de Adelino Santamaría, quienes declararon la semana pasada que se limitaron a seguir las instrucciones de los técnicos. Alegando ignorancia, Martínez manifestó que la comisión en que se abordó el proyecto de la depuradora «se aprobaron 16 proyectos en 10 minutos». «Ningún diputado se lee ningún proyecto y el de la depuradora tenía 2.600 folios. No somos los políticos los que redactamos los informes, son los técnicos, en los cuales tenemos plena confianza», aseveró. El exvicepresidente fue más allá al manifestar que se enteró por la prensa que uno de los terrenos afectados era propiedad de su empresa familiar, por cuya expropiación se habría embolsado 50.000 euros.
Por otra parte, un ingeniero de Caminos de la diputación defendió como adecuada la inclusión de la parcela de Francisco Martínez en el proyecto de la depuradora. Además, prestaron declaración la interventora de la institución y un funcionario de la Generalitat.
