El PSPV de Navajas a través de su portavoz, Vicente Almiñana, presentó el pasado martes ante la Fiscalía de Castelló una denuncia contra la alcaldesa del partido independiente Alternativa por Navajas, Patricia Plantado, «por un presunto delito continuado de prevaricación administrativa por omisión».
Tal como explicó ayer el propio Almiñana a Levante de Castelló, «se trata de una denuncia que nos hemos visto obligados a poner después de haber advertido en numerosas ocasiones a la propia alcaldesa y a su equipo de gobierno en los plenos últimos que los acuerdos que se toman en sesión plenaria, según establece la ley, están para cumplirse».
El documento entregado a la Fiscalía se centra en los incumplimientos por parte de la alcaldesa de determinados acuerdos donde el socialista quiso destacar los más de cuatro meses que está sin resolverse el acuerdo plenario, tomado en fecha del 26 de octubre de 2015, referente a la rescisión del contrato y la nueva licitación del servicio de bar cafetería del centro de convivencia para mayores Jardín del Palancia.
Asimismo, Almiñana destacó como otros ejemplos las evasivas por parte del equipo de gobierno en aplicar la modificación de la ordenanza del buen gobierno, aprobada hace siete meses por la anterior corporación, para incluir la regulación de los «garitos», donde «no se ha informado sobre ella a los interesados, ni se ha publicado en la web, ni se ha hecho un censo de locales, a pesar de que hay muchas reivindicaciones de los vecinos para que se aplique».
El concejal socialista en Navajas apuntó que «aunque es cierto que lamentamos tomar esta decisión y no es nada personal contra la alcaldesa, entendemos desde el partido que la actitud del actual equipo de gobierno no nos ha dejado otra salida». En este sentido, el edil socialista recordó que «deben saber que no se puede actuar arbitrariamente, ya que podemos ser muy comprensibles con la situación en la que se han encontrado el ayuntamiento y cómo está Navajas, pero es la voluntad de quererlo hacer y saber que los acuerdos de pleno no son papel mojado».
Así pues, puntualizó Almiñana, «consideramos que la no ejecución de los acuerdos, sin la necesaria justificación, supone la omisión de la obligación de actuar conforme al ordenamiento jurídico, del que como máxima autoridad municipal, la alcaldesa debería de ser garante y primera obligada».
